Tlaxcala, Tlax.- La disputa por los campos deportivos de Guadalupe Ixcotla y la representación de la comunidad llegó a instancias federales. Integrantes del Comité para la Defensa de los Campos Deportivos acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para solicitar medidas urgentes y el reconocimiento de Mariano Pinillo Romano como presidente de comunidad.
Los promoventes sostienen que existe una intervención indebida de autoridades municipales y estatales en la vida interna de la localidad, situación que, aseguran, ha generado tensión social y preocupación entre los habitantes.
El conflicto de Guadalupe Ixcotla llega al Tribunal Electoral federal
El recurso fue presentado ante la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF mediante un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, impugnando la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Tlaxcala el pasado 9 de julio.
Los defensores consideran que dicha sentencia dejó sin efecto las decisiones adoptadas por la Asamblea General de la comunidad, particularmente la destitución de José Juan Cuahutle Romano y la designación de Mariano Pinillo Romano como nueva autoridad.
De acuerdo con el escrito presentado, la comunidad busca que se respeten sus derechos colectivos de libre determinación y autonomía, al ser una de las localidades de Tlaxcala que se rigen por sistemas normativos propios.
Denuncian presiones y presencia policial en la comunidad
Los promoventes afirmaron ante el órgano federal que Guadalupe Ixcotla vive un ambiente de tensión debido a la presencia de policías y granaderos, situación que, aseguran, ha provocado ansiedad y preocupación entre los pobladores.
También acusaron que durante los hechos registrados el pasado 5 de julio, cuando ingresó maquinaria para iniciar trabajos relacionados con un proyecto del IMSS, hubo enfrentamientos y presuntas agresiones contra habitantes de la comunidad.
Según su versión, Mariano Pinillo Romano y otro poblador fueron detenidos durante esos acontecimientos, hechos que consideran una muestra de presión hacia quienes se oponen a la intervención en los terrenos comunales.
La defensa de la autonomía y los terrenos comunales
Uno de los principales argumentos expuestos ante el TEPJF es que las decisiones de la Asamblea General deben ser reconocidas conforme a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Los inconformes sostienen que la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala no tomó en cuenta la perspectiva intercultural ni los sistemas normativos internos de la comunidad.
Además, señalaron que existe preocupación por la posible utilización de los campos deportivos para proyectos vinculados al IMSS, situación que, afirman, debió someterse previamente a mecanismos de consulta.
En su recurso también solicitaron que magistrados de la Sala Regional realicen una visita a Guadalupe Ixcotla para constatar la situación que prevalece en la comunidad y las condiciones en las que, aseguran, se encuentran sus autoridades tradicionales.
Los defensores argumentan que las acciones denunciadas podrían contravenir disposiciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y diversos artículos de la Constitución mexicana relacionados con la libre determinación de los pueblos originarios.
Por ahora, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el encargado de analizar el caso y determinar si procede otorgar medidas cautelares y revisar la validez de las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Guadalupe Ixcotla, un conflicto que continúa generando repercusiones políticas y sociales en Tlaxcala.
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