Tlaxcala, Tlax.- La administración municipal de San Pablo del Monte, encabezada por Ana Lucía Arce, enfrenta una fuerte presión social tras una serie de denuncias por clausuras arbitrarias de negocios locales y la imposición de licencias de hasta 17 mil pesos, sin notificación ni sustento legal evidente.
Denuncian abuso de autoridad por parte del personal municipal
Los comerciantes afectados aseguran que funcionarios del ayuntamiento, escoltados por policías municipales, colocaron sellos de suspensión sin identificarse, sin presentar documentos oficiales ni ofrecer notificaciones previas, lo que ha dejado en duda la legalidad de estas acciones.
Negocios de subsistencia, los más golpeados por los cobros
La mayoría de los negocios afectados pertenecen a familias que dependen de ellos para subsistir. Acusan al gobierno municipal de exigir pagos desproporcionados, mientras no cumple con garantizar lo más básico: la seguridad pública.
Inseguridad y robos constantes agravan la situación
Los comerciantes también denuncian una ola de robos que ha afectado seriamente la economía local. Afirman que, pese a las pérdidas, no han recibido apoyo ni respuesta efectiva del gobierno municipal.
“Antes de cobrar, que nos cuiden”, reclamaron con firmeza, exigiendo que la alcaldesa dé la cara ante la crisis, ya que hasta el momento se ha mantenido ausente del conflicto.
Tensión crece tras enfrentamiento con el secretario del ayuntamiento
La situación escaló cuando el secretario del ayuntamiento, Alejandro Martínez, fue confrontado y agredido verbalmente por un grupo de comerciantes durante una protesta. Aunque intentó deslindarse alegando que las clausuras eran orden del gobierno estatal, finalmente cedió ante la presión y acompañó a los inconformes a reabrir sus negocios.
Exigen diálogo, transparencia y condiciones para operar
Los comerciantes coinciden en que la falta de diálogo, transparencia y condiciones mínimas para ejercer sus actividades comerciales ha sido una constante en la gestión de Ana Lucía Arce. Piden una respuesta clara e inmediata que permita la reactivación económica sin persecuciones ni abusos de poder.
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