Por instrucciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fue cesado personal del Albergue de Migrantes no Acompañados, tras detectar presuntas omisiones a las normas establecidas por el organismo, relacionadas con la administración y operación del mismo.
De igual forma, se dio parte a la Secretaría de la Función Pública (SFP), quien de inmediato inició el procedimiento administrativo correspondiente, a fin de garantizar la transparencia en la investigación y la correcta aplicación de las normativas vigentes.
Además, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por la posible comisión de un delito, para que realice las indagatorias pertinentes y, en su caso, fincar o deslindar responsabilidades conforme a la ley.
Esta medida se hace de conocimiento a la población en general, guardando el deber de sigilo, con la reserva y confidencialidad de la información que corresponde, para respetar en todo momento el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas involucradas.
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