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Tlaxcala

Celebra Ana Lilia Rivera acance del Plan B en los estados

Tlaxcala, Tlax.,– En un pronunciamiento que subraya el avance de la reconfiguración institucional del país, la senadora por Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, sostuvo que el respaldo mayoritario de los congresos locales al denominado Plan B marca un hito en la consolidación de un sistema democrático regido por la eficiencia y la ética pública.

Para la legisladora, este aval estatal no representa únicamente un trámite legislativo de alcance constitucional, sino la materialización de una demanda ciudadana que exige el fin de una era caracterizada por los privilegios desmedidos y la opacidad en el manejo de los recursos.

La representante tlaxcalteca destacó que la implementación de esta reforma en las entidades federativas permitirá una reingeniería administrativa profunda, especialmente necesaria en los ayuntamientos y las legislaturas locales.

Al optimizar las estructuras de gobierno y erradicar gastos superfluos, el Estado mexicano estará en condiciones de redirigir el capital público hacia áreas prioritarias como la infraestructura y el bienestar social, transformando la austeridad en una herramienta de inversión directa para las comunidades más vulnerables.

Desde una perspectiva de renovación política, Rivera Rivera enfatizó que las nuevas disposiciones contra el nepotismo y la reelección son mecanismos fundamentales para democratizar el acceso al poder.

Estas medidas, aseguró, actúan como un catalizador para el surgimiento de liderazgos frescos y diversos que, hasta ahora, se veían obstaculizados por dinámicas de perpetuación en los cargos.

Este cambio de paradigma busca devolver la confianza ciudadana a las instituciones, estableciendo una relación de proximidad y transparencia entre los servidores públicos y la población.

Finalmente, la senadora reiteró que el compromiso de los estados será el pilar que sostenga esta nueva etapa de la vida política nacional.

Al eliminar los beneficios excesivos de la alta burocracia, se sientan las bases de una administración pública más responsable y austera, donde la legitimidad del ejercicio gubernamental no dependa del presupuesto asignado, sino de su capacidad para generar bienestar social y fortalecer la integridad del sistema democrático en cada rincón del país.

 

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