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Tlaxcala

Cabildo de Apetatitlán frena iniciativa de regidor al carecer de pruebas sobre supuesta nómina irregular

Tlaxcala,  Tlax.,— El Ayuntamiento de Apetatitlán rechazó por mayoría una iniciativa promovida por el regidor Paul Rosano, quien buscaba modificar la plantilla de personal, el tabulador de salarios y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026.

La propuesta fue desestimada luego de que el funcionario basara su petición en la supuesta existencia de empleados que cobran sin trabajar, pero sin presentar documento alguno que respaldara sus acusaciones.

Durante la sesión ordinaria de Cabildo, el debate se centró en la exigencia de transparencia y rigor administrativo.

Rosano señaló ante el pleno que la estructura municipal presuntamente alberga a personas que reciben una remuneración sin cumplir con ninguna función pública.

Sin embargo, al momento de someter la propuesta a revisión, el regidor no logró exhibir expedientes, evidencias técnicas ni ningún tipo de soporte administrativo que acreditara la viabilidad de sus señalamientos.

Lejos de emitir un voto en bloque o automático, el análisis de la iniciativa derivó en un ejercicio de exposición pública donde cada miembro del órgano colegiado asumió una postura individual.

Regidores, presidentes de comunidad, el síndico y el presidente municipal tomaron la palabra uno a uno para explicar de viva voz los motivos de su rechazo, coincidiendo en que la gestión pública demanda decisiones basadas en hechos comprobables y no en especulaciones.

El consenso general del cuerpo edilicio determinó que cualquier ajuste financiero y administrativo de esta magnitud requiere obligatoriamente de un sustento legal y presupuestal estricto.

Al carecer de estos elementos técnicos indispensables, la propuesta fue catalogada como inviable y, en consecuencia, rechazada mediante la votación mayoritaria del pleno.

Con esta resolución, el Ayuntamiento envió un mensaje contundente sobre la seriedad que requiere el trabajo de Cabildo.

Las autoridades locales dejaron en claro que las decisiones de gobierno no pueden construirse sobre versiones improvisadas o intenciones de generar controversia pública, sino que deben estar siempre ancladas en la responsabilidad institucional, la evidencia documental y argumentos capaces de superar cualquier escrutinio.

 

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