Tlaxcala, Tlax.- Los cuestionamientos contra la campaña #CuidarNosUne escalaron a un nuevo nivel. Un grupo de activistas y especialistas feministas presentó una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al considerar que la estrategia difundida por el Gobierno de Tlaxcala vulnera principios constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Las promoventes sostienen que la comunicación institucional no solo reproduce estereotipos de género, sino que además podría representar un uso inadecuado de recursos públicos destinados a una campaña de prevención de la violencia contra las mujeres. El caso ahora quedó en manos del organismo defensor de derechos humanos.
La queja contra la campaña #CuidarNosUne llega a la CEDH
La inconformidad fue presentada el 6 de julio ante la ombudsperson Jakqueline Ordóñez Brasdefer por representantes de organizaciones y activistas, entre ellas Rosario Texis Zúñiga, directora de Ddeser Tlaxcala; Coral Ávila Casco, directora de Mujeres en Consenso A.C.; Eréndira Jiménez Montiel y Haydee Noya.
En el documento señalan como autoridades responsables a la titular de la Secretaría de las Mujeres del Estado (SMET), Nidya Cano Rodríguez, así como a personal de la Coordinación de Comunicación y de las áreas que participaron en el diseño, autorización, contratación, colocación y difusión del mensaje institucional.
Las promoventes consideran que la campaña incumple obligaciones relacionadas con la igualdad, la no discriminación, la dignidad humana, el lenguaje incluyente y el principio pro persona, establecidos tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales.
El mensaje que detonó la controversia
La polémica surgió después de la difusión del mensaje:
"¿Eres de los que te fuiste por cigarros? Regresa con 2 kilos de huevos".
Desde su publicación, especialistas en estudios de género e investigadoras criticaron que la frase utiliza un lenguaje considerado patriarcal, además de reforzar estereotipos sobre la masculinidad y la paternidad.
Las activistas sostienen que el contenido sexualiza el lenguaje al asociar el valor personal con los genitales masculinos y vincula a los hombres con el abandono paterno mediante una expresión estigmatizante.
Aunque posteriormente las autoridades reconocieron que el mensaje podía reproducir lenguaje patriarcal o machista, argumentaron que fue utilizado deliberadamente para llamar la atención y generar reflexión sobre la responsabilidad paterna. Esa explicación también forma parte de la queja presentada ante la CEDH.
Las medidas que solicitan las organizaciones
Además de investigar la actuación de los servidores públicos involucrados, las promoventes solicitaron que la Comisión determine si existieron violaciones a derechos fundamentales.
Entre las medidas planteadas destacan:
- Retiro definitivo o reformulación de la campaña.
- Emisión de una recomendación dirigida al Gobierno del Estado.
- Reconocimiento público y disculpa institucional, en caso de acreditarse violaciones.
- Capacitación en derechos humanos y perspectiva de género para las áreas responsables.
- Revisión de protocolos de comunicación institucional.
- Garantías de no repetición y evaluación externa de futuras campañas.
También pidieron que, si durante la investigación se detectan posibles irregularidades administrativas o un uso indebido de recursos públicos, se dé vista al Órgano Interno de Control o a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
"Los derechos humanos no son mercancía"
Una de las voces que respaldó la queja fue la de Coral Ávila Casco, quien afirmó que el objetivo es que la CEDH emita una recomendación dirigida a la Secretaría de las Mujeres y a la Coordinación de Comunicación.
La activista cuestionó la postura oficial de considerar exitosa la campaña únicamente porque generó una amplia conversación pública.
"Decir que es exitosa por el nivel de escándalo y polémica generada es una lógica propia del marketing privado, pero los derechos humanos no son mercancía ni la dignidad de las personas", sostuvo.
Añadió que el Estado tiene la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de impulsar campañas institucionales con lenguaje incluyente y libre de discriminación.
Ávila Casco también señaló que las autoridades deben transparentar el criterio técnico y metodológico que justificó el mensaje difundido, pues, a su juicio, el propósito de una política pública no debe ser generar polémica, sino contribuir a la transformación cultural y a la eliminación de los estereotipos de género.
Mientras la Comisión Estatal de Derechos Humanos analiza el expediente, la controversia sobre #CuidarNosUne continúa generando debate sobre los límites de la comunicación gubernamental, la perspectiva de género y las responsabilidades del Estado en la promoción de los derechos humanos.
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