En redes sociales se promocionan servicios de gestoría para realizar trámites vehiculares sin acudir directamente a oficinas oficiales; autoridades señalan riesgos por el manejo de documentos personales y la posibilidad de utilizar documentación irregular.
La gestoría de trámites vehiculares también se ha trasladado a las redes sociales, donde perfiles ofrecen a los automovilistas realizar procedimientos como verificaciones y emplacamientos a cambio de un pago y sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas correspondientes.
Entre las publicaciones encontradas en Facebook e Instagram se observan ofertas con precios desde mil 300 pesos para una supuesta verificación vehicular en Puebla, mientras que otro anuncio promociona placas del estado de Guerrero por 2 mil 800 pesos.
Los perfiles proporcionan medios de contacto para solicitar información sobre los requisitos, costos y tiempos de entrega, por lo que el procedimiento puede comenzar completamente a través de internet.

Sin embargo, no todos los trámites pueden ser delegados a un tercero. En Puebla, el alta y emplacamiento de vehículos debe realizarse personalmente por el propietario ante la autoridad correspondiente, de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA).
La dependencia ha señalado que recurrir a personas que ofrecen realizar trámites vehiculares puede representar un riesgo, principalmente por la documentación personal que se entrega y porque no existe certeza de que el procedimiento sea efectuado ante las autoridades.
Entre los documentos que pueden quedar en manos de terceros se encuentran identificaciones oficiales, facturas y datos relacionados con los vehículos, por lo que se recomienda verificar previamente que el servicio corresponda a un procedimiento autorizado.
Autoridades ya han presentado denuncias
La Secretaría de Movilidad y Transporte informó que durante el año pasado, con corte a noviembre, presentó tres denuncias contra supuestos gestores de trámites vehiculares. La dependencia señaló que este tipo de actividades también puede tener impacto en el sector del transporte público.
Además, cuando se utilizan documentos falsificados o irregulares pueden generarse consecuencias legales, que incluyen multas, el retiro del vehículo y penas de tres a ocho años de prisión, dependiendo de la conducta y de lo que determine la autoridad competente.
Por ello, antes de realizar un pago o enviar documentos por redes sociales, los propietarios de vehículos deben comprobar que el trámite pueda efectuarse por esa vía y recurrir a los canales oficiales para evitar posibles irregularidades.
Las ofertas continúan disponibles en plataformas digitales, donde los precios y tiempos de entrega pueden resultar atractivos para quienes buscan agilizar sus trámites, pero la recomendación de las autoridades es verificar primero la legalidad del procedimiento.
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