Tannia Sánchez Trejo, víctima de intento de feminicidio, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) extravió una de las cuatro denuncias presentadas contra su expareja, Leopoldo N. La afectada expresó su frustración a través de redes sociales, calificando la situación como violencia institucional.
Antecedentes de violencia y agresiones prolongadas
La primera denuncia se presentó en 2024. Durante nueve años de relación, Sánchez Trejo sufrió agresiones físicas, psicológicas y control económico por parte de Leopoldo N., situación que la obligó a dejar de trabajar. Actualmente, padece síndrome de Wilkie, una obstrucción intestinal que requiere cirugía, y acusa a su expareja de apropiarse de la herencia de su padre.
Amenazas posteriores y desplazamiento forzado
Tras la ruptura, continuaron las amenazas a través de terceros, incluyendo un incidente en septiembre de 2025 donde un hombre armado la obligó a abandonar su estado de residencia, trasladándose a Ciudad de México por seguridad.
Violencia institucional y obstáculos legales
Sánchez denuncia irregularidades en el manejo de su caso por parte de la FGE. Un oficio fechado el 4 de septiembre de 2025 remitió su investigación a la Unidad de Derechos Humanos. La víctima solicitó que se localice la denuncia extraviada o se le permita presentarla nuevamente.
Ciberacoso y absolución judicial
Durante el proceso legal, la defensa de Leopoldo N. acusó a Tannia de ciberacoso por sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, un juez de control la absolvió por falta de pruebas, respaldando el derecho de la víctima a denunciar la violencia sufrida. Esta resolución permitió levantar la prohibición que le impedía publicar videos mencionando a su expareja.
Apoyo de colectivos y preocupación por represalias
Colectivos feministas han respaldado a Tannia Sánchez, denunciando que la exposición del caso fue un intento de silenciar a la víctima. A pesar de la resolución favorable, la mujer manifestó temor a posibles represalias de su agresor, solicitando la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad.
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