Puebla, Pue.- Madres y padres de familia de la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas denunciaron la presunta existencia de un “cuarto de castigo” al interior del Colegio Carrusel Magone, situación que encendió las alertas sobre posibles riesgos para la integridad de menores que asisten al plantel.
El señalamiento surgió tras la difusión de una denuncia entre tutores, lo que motivó a varios de ellos a inspeccionar el inmueble. Durante el recorrido, afirmaron haber localizado un espacio oculto que presuntamente era utilizado para sancionar a estudiantes. Además, aseguraron que en dicho lugar habitaba una persona, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad escolar.
De acuerdo con testimonios, tras el hallazgo la directora del plantel habría solicitado un camión de mudanza para desalojar el sitio durante la noche, acción que fue cuestionada por los padres al considerar que podría alterar posibles evidencias.
Ante la gravedad de las acusaciones, el caso ya fue turnado a instancias oficiales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal confirmó el inicio de una investigación, en coordinación con áreas jurídicas y autoridades educativas, con el objetivo de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Asimismo, padres de familia anunciaron que acudirán ante la Fiscalía General del Estado de Puebla para formalizar una denuncia, en busca de que se realicen las diligencias correspondientes.
Como medida preventiva, las autoridades determinaron la suspensión de clases presenciales en el plantel, implementando un esquema a distancia mientras se desarrollan las indagatorias, con el fin de garantizar la seguridad de las y los alumnos.
El caso ha generado inquietud en la comunidad, al poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la supervisión en instituciones educativas privadas y asegurar condiciones adecuadas para la protección de la niñez.
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