La discusión sobre la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vuelve a colocar en el centro el debate sobre libertad de expresión, derechos de las audiencias y regulación de los medios. En Puebla, el Gobierno estatal explicó cuáles son, según su postura, los alcances de las nuevas disposiciones y qué aspectos no contempla la legislación.
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, también llamó a periodistas, medios, especialistas y ciudadanos a participar en la consulta pública para construir los lineamientos que deberán aplicarse en radio y televisión. El plazo para enviar propuestas vence el 21 de agosto a las 23:59 horas.
Nueva Ley de Telecomunicaciones: estos son sus alcances
Durante la segunda emisión de “Derecho de Réplica”, espacio semanal transmitido por SICOM, García Parra explicó que los derechos de las audiencias buscan establecer garantías para quienes consumen contenidos de radio y televisión.
Entre ellas se encuentra el acceso a información veraz, oportuna y objetiva, así como a contenidos que respeten los derechos humanos. También se contempla que las personas conozcan el código de ética de cada estación y tengan acceso a una figura defensora de las audiencias para presentar quejas.
El funcionario sostuvo que estas disposiciones no tienen como finalidad limitar las opiniones de periodistas, conductores o comentaristas.
¿La nueva regulación prohíbe las opiniones?
Uno de los puntos centrales de la explicación fue diferenciar entre información y opinión.
De acuerdo con García Parra, los lineamientos no impedirían que quienes participan en programas de radio o televisión expresen sus puntos de vista. La disposición busca que exista una diferenciación entre información presentada como un hecho y opiniones de quienes participan en los espacios informativos.
“Informar con veracidad no es prohibir opiniones”, señaló el coordinador de Gabinete.
En ese sentido, la postura presentada durante el programa es que el objetivo sería evitar que información falsa o no confirmada sea difundida como si se tratara de un hecho comprobado.
¿A qué medios aplican las nuevas disposiciones?
Otro de los puntos aclarados por el Gobierno de Puebla es el ámbito de aplicación.
Según la explicación presentada, los lineamientos están dirigidos a radio y televisión, por lo que no contemplan a las redes sociales ni a la prensa escrita.
Entre los mecanismos señalados se encuentra la obligación de informar quién ejerce la función de defensor de las audiencias y atender las quejas relacionadas con los contenidos.
Las sanciones mencionadas por García Parra estarían vinculadas con incumplimientos específicos, como no contar con el defensor correspondiente, no atender las quejas o incumplir el código de ética.
La controversia alrededor de la llamada “Ley Censura”
La nueva legislación ha generado una narrativa política que la identifica como una posible “Ley Censura”. Frente a ello, el Gobierno de Puebla sostiene que no existe una disposición para cerrar estaciones por emitir opiniones contrarias al gobierno.
García Parra también presentó datos sobre la conversación pública alrededor de este tema. Según las cifras expuestas durante la emisión, durante la última semana se registraron mil 107 menciones relacionadas con esa narrativa, provenientes de 610 autores y con un alcance de 954 mil reacciones.
El dato refleja que el debate no se limita al ámbito jurídico: también se ha convertido en un asunto de conversación política y digital.
¿Qué son los derechos de las audiencias?
Los derechos de las audiencias comprenden las garantías que tienen las personas frente a los concesionarios de radio y televisión.
Entre los aspectos mencionados por el Gobierno estatal están:
- Recibir información veraz, oportuna y objetiva.
- Acceder a contenidos que respeten los derechos humanos.
- Conocer el código de ética de cada estación.
- Contar con una persona defensora de las audiencias.
- Presentar quejas sobre los contenidos y recibir atención.
El derecho de réplica, por su parte, permite a una persona física o moral solicitar la aclaración o corrección de información que considere falsa, inexacta o perjudicial.
Ambos conceptos tienen como referencia el artículo sexto constitucional y cuentan con antecedentes en reformas anteriores en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.
El Gobierno de Puebla recuerda el antecedente de la “Ley Mordaza”
Durante su explicación, García Parra también hizo referencia a un episodio ocurrido en Puebla en 2012, durante una administración estatal emanada del PAN.
El funcionario recordó el decreto conocido como “Ley Mordaza”, que, según su exposición, permitía a la Dirección de Comunicación Social presentar recursos legales contra periodistas a nombre del Ejecutivo estatal.
También señaló que durante ese periodo se presentaron denuncias contra reporteros y calificó aquellos hechos como un antecedente de presión hacia periodistas y medios de comunicación.
La referencia forma parte de la argumentación política utilizada por el Gobierno estatal para contrastar aquel episodio con el marco regulatorio actualmente discutido.
La consulta pública tiene fecha límite
Uno de los aspectos más inmediatos para periodistas, medios y ciudadanos es que la construcción de los lineamientos todavía está abierta a participación pública.
La consulta permanecerá disponible hasta el 21 de agosto a las 23:59 horas, por lo que el Gobierno de Puebla llamó a especialistas, comunicadores y sociedad en general a revisar la propuesta y presentar sus opiniones.
El proceso será relevante porque los lineamientos deberán definir cómo se aplicarán en la práctica varias de las disposiciones relacionadas con los derechos de las audiencias.
SICOM prepara su siguiente etapa
En este contexto, el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla (SICOM) también prepara cambios relacionados con su operación como organismo público descentralizado.
García Parra señaló que el objetivo incluye ampliar la cobertura y fortalecer la atención directa a la población mediante oficinas en las microrregiones.
Entre las siguientes acciones está la definición de un defensor de las audiencias, además de la elaboración de una propuesta desde la plataforma del Gobierno Federal para contribuir a los lineamientos.
El proceso aún está abierto y, por ello, la discusión sobre la nueva regulación no queda cerrada con las declaraciones de las autoridades. La siguiente etapa dependerá también de las aportaciones que periodistas, medios, especialistas y ciudadanos presenten durante la consulta pública.
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