Puebla, Pue. El grupo de estudiantes que iniciaron la toma de instalaciones de la Escuela Normal Rural "Carmen Serdán", ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, se fue achicando hasta que quedaron pocas y al final la mayoría quería tomar clases, reveló el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, tras darse a conocer que este plantel educativo reanudó clases presenciales después de tres meses.
El titular del Poder Ejecutivo puntualizó que su administración no estableció ningún acuerdo con las estudiantes que se inconformaron, por lo que declaró que su gobierno se mantendráabierto al diálogo con ellas, sin otorgar privilegios a ningún grupo en específico.
"Este movimiento de estudiantes de la normal se fue achicando, hasta que llegó a ser un movimiento de muy pocas mujeres, y la mayoría querían tomar clases. Tomaban clases en líneay solo unas cuantas estaban en paro. Entendieron que ya no podían continuar en el paro y fue así como se aceptó el reingreso de todas a la toma de clases presenciales", profirió el mandatario poblano.
Las estudiantes que iniciaron la toma de la Escuela Normal Rural "Carmen Serdán" pedían insumos y la destitución de directivos, sin embargo, el jueves 8 de diciembre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que las clases presenciales se volvieron a reanudar.
Habrá sanción bajo procedimientos legales contra autoridades de Tulcingo
En otro tema, Miguel Barbosa advirtió que se aplicará la ley bajo procedimientos legales al presidente municipal de Tulcingo del Valle, José Edgar García Ramírez y a un regidor del Ayuntamiento,esto luego de comprobarse que los funcionarios municipales tenían vinculación con el crimen organizado de esa zona.
Indicó que hasta la fecha no hay ninguna definición por parte del Congreso del Estado para suspender las actividades del Ayuntamiento de Tulcingo y aclaró que no todos los funcionarios tienen órdenes de aprehensión.
"La ley se aplica, nadie que comete esos errores se va a quedar sin sanción. La sanción de la ley es bajo procedimientos legales, es un llamado a la reflexión para los alcaldes, no pueden tener en su mesa de gobierno la voz de los delincuentes", añadió.
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