A menos de 48 horas de haber sido internado en el penal de San Miguel, un hombre identificado como Arturo N., de 35 años, fue hallado sin vida dentro de su celda el domingo 5 de octubre.
De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la causa de muerte habría sido un infarto al miocardio; sin embargo, fotografías filtradas muestran lesiones visibles en el rostro, manos y piernas, lo que ha generado dudas sobre las verdaderas circunstancias del fallecimiento.
El cuerpo fue localizado en el área de Observación y Clasificación (COC) por personal custodio durante un recorrido nocturno. Aunque paramédicos intentaron reanimarlo, el interno ya no presentaba signos vitales.
Versiones encontradas sobre la causa de muerte
Fuentes cercanas al penal indicaron que un día antes del hallazgo, Arturo habría sido agredido por otros reclusos dentro de la estancia 13.
Pese a ello, autoridades penitenciarias sostienen que el deceso se debió a un problema cardíaco, sin ofrecer una versión oficial ni un dictamen forense completo.
De acuerdo con información interna, Arturo había sido detenido el 3 de octubre por narcomenudeo, y no era la primera vez que ingresaba al reclusorio. Se reporta que padecía adicción severa a las drogas, lo que podría haber influido en su estado físico.
Familias denuncian abusos y control de grupos delictivos
La muerte de Arturo N. reavivó las denuncias de familiares de personas privadas de la libertad, quienes aseguran que el penal de San Miguel está bajo control de grupos internos que ejercen extorsión, violencia y torturas.
Testimonios señalan que los reclusos recién ingresados son obligados a pagar “cuotas de protección”, y quienes no pueden cubrirlas sufren agresiones físicas o castigos. Estas prácticas, afirman, son conocidas por las autoridades, que no han logrado erradicarlas.
Organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación independiente y una autopsia detallada, para esclarecer si la muerte fue producto de violencia o negligencia institucional.
Crisis penitenciaria en San Miguel
El penal de San Miguel ha estado bajo constante escrutinio público por denuncias de corrupción, hacinamiento y violencia interna.
En julio de este año, otro interno fue hallado muerto en el dormitorio H, presuntamente por suicidio, aunque familiares también reportaron signos de golpes.
Fuentes cercanas aseguran que el Centro de Observación y Control (COC) aloja a más de 45 personas en condiciones de hacinamiento, lo que incrementa los riesgos de abuso y conflicto entre internos.
A pesar de los operativos y revisiones recientes, las autoridades no han logrado frenar el ingreso de objetos prohibidos ni el control de grupos criminales dentro del penal.
Exigen justicia y transparencia
La familia de Arturo N. exige una investigación exhaustiva y pública que aclare las causas de su muerte.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública han emitido un comunicado oficial, lo que mantiene la incertidumbre y la desconfianza entre la población.
Este caso se suma a una serie de muertes y denuncias por abusos que evidencian la crisis del sistema penitenciario poblano y la urgente necesidad de reformar sus mecanismos de vigilancia, control y protección de derechos humanos.
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