Puebla, Pue.- La reforma al Código Penal del estado de Puebla que tipifica el delito de ciberasedio presenta serias deficiencias jurídicas al ignorar por completo la naturaleza extraterritorial del entorno digital, advirtieron especialistas de la UPAEP. Durante una rueda de prensa, Fernando Méndez Sánchez, director de la Facultad de Derecho, y Juan Carlos Espina Reyes, director de la Facultad de Ciencia Política, alertaron sobre los vacíos legales que dificultan la aplicación práctica de esta norma y que podrían derivar en abusos contra la libertad de expresión.
Méndez explicó que el ciberespacio no respeta fronteras ni se limita a jurisdicciones locales, ya que se trata de un entorno global y descentralizado donde el agresor puede estar en otro estado o incluso en otro país. En ese contexto, criticó que la legislación aprobada por el Congreso local carece de un marco claro sobre su alcance extraterritorial, lo que impide su implementación efectiva y contradice los principios básicos del derecho penal moderno.
Ambos académicos reconocieron que la iniciativa parte de una preocupación legítima por proteger a niñas, niños y adolescentes de la violencia digital. Sin embargo, señalaron que el diseño legislativo está plagado de ambigüedades y errores conceptuales que comprometen tanto el debido proceso como las garantías constitucionales de las personas acusadas. Espina enfatizó que no se puede utilizar una causa justa para justificar una mala ley, y que el Congreso debe ser más riguroso al legislar sobre temas tan sensibles.
Los especialistas también recordaron que en México se despenalizaron figuras como la difamación y la calumnia para evitar su uso como herramienta de censura. En este sentido, alertaron que el nuevo delito de ciberasedio podría revivir prácticas autoritarias, al permitir que cualquier crítica sea interpretada como un ataque emocional punible. Consideraron que la redacción de la ley es tan amplia y subjetiva que podría ser utilizada para acallar voces disidentes.
Fernando Méndez subrayó que proteger a menores no debe implicar eliminar principios fundamentales como la presunción de inocencia, y que el derecho penal debe ser la última vía, no la primera. También lamentó que los foros de consulta se hayan realizado después de aprobada la reforma, cuando ya no hay margen para influir en su contenido.
Finalmente, los académicos advirtieron que si no se corrige el marco normativo, Puebla podría enfrentar serias dificultades para judicializar los casos, generando frustración en las víctimas, procesos cuestionables y posibles litigios constitucionales. Concluyeron que el ciberespacio exige una visión jurídica moderna, basada en estándares internacionales, y no una legislación improvisada que desconoce su complejidad técnica y social.
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