Por: Cortesía

Puebla

Guadalupe Grajales expone irregularidades en el proceso de renovación de la rectoría de la BUAP

Puebla, Pue.- La candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Guadalupe Grajales y Porras denunció que la Comisión Electoral ha carecido de certeza en el actual proceso para renovar el cargo, ya que no reconoce a Abraham Moctezuma como su representante, pese a que el día de registro lo realizó el pasado 2 de septiembre.

En ese sentido mencionó que ha impugnado el instructivo que le entregó la Comisión Electoral de la UAP el cual detalla una serie de facultades y procedimientos que no están avalados por ninguna norma universitaria vigente”y, por tanto es un documento con que ese organismo usurpa en los hechos funciones del Consejo Universitario o actúa fuera de la ley de la institución

 “Es inútil presentar cualquier impugnación a una comisión amañada, pues todas sus respuestas van a ir cargadas de verborrea legaloide con el exclusivo propósito de encubrir la ilegalidad y la ilegitimidad del proceso de sucesión rectoral. Pero (…) tenía que registrarse una candidatura no oficial para ver hasta dónde podían llevar la farsa de la elección rectoral en la UAP”.

Por otra parte, pidió que se publique el padrón total de los universitarios para dar certeza de que se respetará el voto que se ejerza el próximo 20 de septiembre, además de que solicitó la lista de los consejeros universitarios vigentes, pues por las votaciones emitidas en la última sesión suman 160, lo que implica que faltan ya 58 consejeros y se desconoce los sectores que ya no están representados ante el máximo órgano de gobierno de la institución.

“El día del registro se nos entregó un instructivo que detalla una serie de facultades y procedimientos que no están avalados por ninguna norma universitaria vigente. Este instructivo está firmado por la propia comisión electoral. O sea, mediante éste, la comisión electoral se auto-otorga una serie de facultades que o sólo pertenecen al Consejo Universitario, o de plano no se sustentan en ningún ordenamiento jurídico”, apuntó.

 

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