En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ha abierto dos carpetas de investigación por casos de aborto, ocurridos días antes de que el Congreso local aprobara la despenalización del mismo.
Estos datos están registrados en los informes de incidencia delictiva del fuero común, gestionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con fecha de corte al 30 de junio.
En el caso de Puebla, se informó que las investigaciones de 2024 corresponden a los meses de abril y junio, con un caso en cada mes, sin proporcionar más detalles.
El pasado lunes, la mayoría de los diputados del Congreso local votaron a favor de la despenalización del aborto en Puebla, permitiendo a las mujeres elegir interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación sin riesgo de ser criminalizadas.
A falta de que la reforma al Código Penal se oficialice en el Periódico Oficial del Estado, otras circunstancias en las que el aborto está autorizado en la entidad incluyen: cuando es imprudencial o culposo, por violación, por peligro de muerte, por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto y por inseminación artificial no consentida.
Sin embargo, si el aborto ocurre después de las 12 semanas de gestación, se aplicarán sanciones que van de seis a 12 meses de cárcel para la madre o persona gestante. La persona que ayude en dicho proceso enfrentará penas de uno a tres años.
La ley en Puebla también contempla penas para los casos de aborto forzado, cuando la interrupción del embarazo ocurre sin el consentimiento de la mujer o persona gestante en cualquier momento de la gestación. Las sanciones van de cuatro a ocho años de prisión, aumentando de ocho a 10 años si se emplea violencia física o moral.
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