Puebla, Pue. La nueva Ley de Educación de Puebla, aprobada el pasado 15 de mayo por el Congreso del Estado, desató polémica tras una publicación hecha por El Heraldo de México, en la que se le da voz a las críticas que rectores de universidades y partidos políticos han hecho a las reformas que fueron elaboradas por el gobernador, Miguel Barbosa, con las que lo acusan de pretender tomar el control de instituciones privadas.
El mandatario estatal usó sus redes sociales para llamar de "mal intencionada" a dicha publicación periodística y señalar que "el autodenominado y pomposo" Consorcio Universitario de Puebla es quien está detrás de este texto. Asimismo, apuntó que el alcance de la Ley de Educación no tiene nada que ver con que el gobierno se apropie de bienes muebles e inmuebles, sino para que estos sirvan para los fines educativos destinados.
"El concepto de que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas públicas y privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional, está previsto en el artículo 99 de la Ley General de Educación, de aplicación en todo el país. Esta misma previsión, por obligación, quedó establecida en la Ley de Educación Estatal, en su artículo 105. Su alcance nada tiene que ver con apropiarse de dichos bienes", publicó el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.
El morenista también se dirigió directamente al Consorcio Universitario y los llamó a que miren por la educación por la educación en la entidad y no en intereses económicos. Además, los acusó de recibir beneficios de parte de anteriores gobiernos estatales.
"Las cosas en Puebla ya cambiaron y no volverán a ser como antes, cuando recibían canonjías de los gobiernos", agregó.
La Ley de Educación en Puebla establece, entre otras cosas, que las escuelas particulares ya no podrán retener documentos particulares y académicos por adeudos, así como negar la educación por falta de uniforme escolar o material didáctico, y fija multas de entre 8 mil 860 pesos a 44 mil 310 pesos por incurrir en alguna de estas faltas.
De igual forma, la ley dicta que los bienes muebles e inmuebles de instituciones privadas pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, motivo por el que también tendrán que cumplir con varios lineamientos para poder operar.
