Puebla, Pue.- La detención del abogado Arturo Mendoza, quien ha promovido amparos contra el Cablebús, provocó cuestionamientos de organizaciones sociales que consideran inusual la rapidez con la que actuó la Fiscalía General del Estado (FGE) y exigen garantías para su proceso judicial.
Mendoza fue detenido tras una denuncia presentada por su expareja, Nadia Vargas, por presunta violencia familiar y lesiones dolosas. Ante ello, integrantes de los colectivos Hermanos Serdán, Asamblea Social del Agua, UPVA 28 de Octubre y el Movimiento por la Defensa del Agua en la cuenca Libres-Oriental solicitaron que se respete la presunción de inocencia y el debido proceso.
Durante una conferencia de prensa, María Eugenia Ochoa, integrante de la Asamblea Social del Agua, cuestionó que la Fiscalía haya actuado con tanta celeridad en este caso, mientras que, según señaló, numerosas denuncias por violencia de género en Puebla permanecen sin resolverse. Los colectivos aclararon que sus cuestionamientos no buscan descalificar la denuncia presentada contra el abogado.
Familiares de Mendoza también denunciaron que presuntamente permanece incomunicado. Su tía aseguró que no han podido entregarle los medicamentos que tiene prescritos ni ropa, por lo que solicitaron garantías para su integridad y el respeto a sus derechos.
La inconformidad llegó hasta el Centro de Justicia Penal de Puebla, ubicado sobre la 11 Sur, donde personas cercanas al abogado se manifestaron para exigir su liberación y un proceso apegado a la ley.
De acuerdo con las organizaciones, este lunes vence el plazo de 48 horas que señalaron para definir su situación jurídica. Hasta el momento, los colectivos no han presentado pruebas que acrediten que la detención esté relacionada con los amparos promovidos por Mendoza contra el Cablebús.












