La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla logró que se confirmara una sentencia de más de 33 años de prisión contra Marco N., originario de Tlaxcala, acusado del delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual por prostitución ajena.
Tras la impugnación presentada por la defensa, el Tribunal de Alzada revisó el caso y determinó ratificar la condena dictada en primera instancia, la cual fue establecida en 2024 tras la conclusión del juicio oral. La sentencia final es de 33 años y 9 meses de prisión, resultado de los argumentos y pruebas presentadas por la autoridad ministerial.
La resolución confirma la responsabilidad penal del acusado y mantiene firme la condena impuesta.
Así operaba el esquema de explotación
De acuerdo con las investigaciones, en 2016 el sentenciado convenció a la víctima de dejar a su hijo al cuidado de su abuela para mudarse con él a un inmueble en San Pablo del Monte, Tlaxcala. Poco tiempo después, presuntamente la obligó a realizar servicios sexuales en un bar de esa entidad.
Posteriormente, fue trasladada a distintos municipios de Puebla, principalmente:
- Izúcar de Matamoros
- Jolalpan
En esos lugares debía entregar 10 mil pesos semanales, y en caso de no reunir la cantidad exigida, era víctima de agresiones físicas. Según la declaración presentada ante la autoridad, también fue llevada a otras entidades como Yucatán y Tijuana, donde llegó a generar hasta 90 mil pesos mensuales bajo condiciones de explotación, realizando hasta 30 servicios diarios.
Además, refirió haber sufrido:
- Amenazas contra su familia
- Restricciones para ver a su hijo
- Violencia física constante
Denuncia, captura y sentencia firme
En 2018, la víctima logró escapar y denunciar los hechos ante la FGE de Puebla, lo que permitió iniciar la investigación correspondiente. Derivado de ello, el responsable fue aprehendido y puesto a disposición de la autoridad judicial.
Tras el desarrollo del juicio oral, se dictó sentencia condenatoria en su contra. Aunque la defensa intentó revertir la resolución mediante un recurso legal, el Tribunal confirmó la pena impuesta.
La FGE destacó que la ratificación de la condena representa un paso firme en el combate a la trata de personas y en la protección de las víctimas. Con esta decisión judicial, la sentencia queda firme y se mantiene la pena superior a 33 años de prisión, reafirmando el compromiso institucional contra este delito.
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