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Puebla

CDH Puebla rescata episodios de violencia histórica en nueva Gaceta de Derechos Humanos

Puebla, Pue.- La memoria histórica de las víctimas de violencia y represión en Puebla volvió al centro del debate público con la presentación de la edición número 17 de la Gaceta de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), una publicación enfocada en el análisis de violaciones graves a los derechos humanos y en la importancia de garantizar que estos hechos no se repitan.

La presentación se realizó en el contexto de la conmemoración de la masacre campesina ocurrida el 2 de junio de 1982 en Rancho Nuevo, comunidad del municipio de Pantepec, considerada uno de los episodios más significativos de la memoria histórica poblana.

Durante el acto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, afirmó que recordar hechos como desapariciones forzadas, masacres y actos de represión constituye un derecho de las víctimas y una obligación colectiva para la sociedad.

La ombudsperson señaló que la memoria, la verdad y la justicia son elementos fundamentales para fortalecer la cultura democrática y evitar que episodios de violencia vuelvan a repetirse en el país.

Por su parte, José Antonio Aguilar San Sebastián, director del Instituto de Investigaciones y Estudios en materia de Derechos Humanos, explicó que la publicación reúne investigaciones de especialistas en historia, derecho, filosofía y archivística que analizan distintos casos de violencia y despojo registrados en comunidades poblanas.

Entre los trabajos incluidos destaca el artículo “Heridas de tierra y olvido: De la Ley Lerdo a la masacre indígena y campesina en Puebla”, que aborda la relación entre los conflictos por la tierra y las violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el subdirector de Difusión del instituto, Emmanuel Roldán Loyola, recordó que, según el informe final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, Puebla ocupa el séptimo lugar nacional en casos de represión política, con 563 víctimas identificadas entre 1965 y 1990.

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