Puebla, Pue.- La controversia generada por los comentarios de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil sobre las personas adultas mayores reavivó la propuesta de una asociación civil para elevar los requisitos de quienes aspiran a integrar el Congreso del Estado.
La organización Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público planteó modificar el artículo 36 de la Constitución de Puebla para que únicamente puedan acceder a una diputación quienes cuenten con licenciatura y cédula profesional en Derecho, al considerar que el Poder Legislativo requiere perfiles con formación jurídica.
Sus integrantes señalaron que la iniciativa busca evitar que personas sin la preparación necesaria ocupen cargos de representación popular y sostuvieron que casos como el de Nayeli Salvatori y la diputada Grace Palomares evidencian la necesidad de profesionalizar la función legislativa.
Actualmente, la Constitución local únicamente establece como requisitos para ser diputado ser ciudadano del estado, saber leer y escribir y haber cumplido 18 años de edad, condiciones que, afirmaron, resultan insuficientes para una responsabilidad como la elaboración y aprobación de leyes.
La asociación también recordó que Nayeli Salvatori ha protagonizado otras controversias públicas, entre ellas declaraciones sobre un accidente ocurrido en la Universidad Iberoamericana y una iniciativa relacionada con las denominadas "desapariciones falsas", situaciones que, a su juicio, reflejan la importancia de elevar el perfil académico de quienes integran el Congreso.
Asimismo, argumentó que la falta de preparación técnica ha tenido consecuencias en el trabajo legislativo, al señalar que diversas reformas aprobadas por el Congreso poblano han sido invalidadas por el Poder Judicial de la Federación mediante acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo, entre ellas disposiciones relacionadas con el cobro por alumbrado público y la Ley del Notariado del Estado.
La organización insistió en que la propuesta no busca restringir derechos políticos, sino abrir el debate sobre la profesionalización del servicio público y mejorar la calidad de las leyes que se aprueban en Puebla.
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