La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su administración no contempla promover juicios contra expresidentes, marcando así una postura clara sobre un tema que ha generado debate en años recientes. Según explicó, la prioridad del gobierno no está enfocada en este tipo de procesos, especialmente tras lo ocurrido en el pasado.
Durante su conferencia, recordó que ya se llevó a cabo una consulta popular en la administración anterior, en la que la participación ciudadana fue limitada, lo que dejó ver que el interés social no fue tan alto como se esperaba.
“A la gente no le interesó mucho”, expresó la mandataria, al referirse al resultado de ese ejercicio democrático.
En este sentido, la presidenta dejó claro que no existe un plan desde el Ejecutivo para retomar esa iniciativa, aunque subrayó que hay instancias que pueden actuar de manera independiente.
La consulta que marcó el rumbo del tema
El antecedente más importante sobre este asunto es la consulta popular realizada en años recientes, donde se planteó la posibilidad de investigar a exmandatarios. Sin embargo, los resultados no alcanzaron el impacto esperado.
Algunos puntos clave de ese ejercicio fueron:
- Participación aproximada de 6 millones de personas
- Baja respuesta en comparación con el padrón electoral total
- Falta de una movilización masiva sobre el tema
Esto, según Sheinbaum, refleja que no existe una demanda social suficientemente fuerte para impulsar acciones desde el gobierno en ese sentido.
Si hubiera habido mayor interés, la participación habría sido mucho más amplia, explicó.
Este contexto es el que hoy influye directamente en la postura del actual gobierno.
El papel de la Fiscalía y lo que sigue
Aunque el Ejecutivo no planea promover juicios, la presidenta enfatizó que la Fiscalía General de la República es autónoma, lo que significa que puede iniciar investigaciones si existen elementos suficientes.
Esto implica que:
- Las investigaciones no dependen directamente del gobierno federal
- Se pueden iniciar procesos si hay evidencia concreta
- Las decisiones recaen en las autoridades competentes
Sheinbaum también señaló que el gobierno puede presentar denuncias si así lo considera, pero actualmente no es un tema prioritario dentro de su agenda.
En resumen, la postura oficial apunta a dejar atrás este debate como eje central, enfocándose en otros temas de gobierno. Sin embargo, el marco legal sigue vigente, por lo que cualquier investigación dependerá de las pruebas y de las instituciones encargadas de impartir justicia.
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