El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García sostuvo que su licencia es un derecho y “no está sujeta a interpretación de ningún juez”.
Esto, después de que un magistrado de la Primera Sala Unitaria Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado otorgó una suspensión provisional para que el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no pueda concretar la licencia autorizada por el Congreso local para ausentarse por seis meses, hasta que no se defina y asuma quién es el gobernador interino del estado.
En su cuenta de “X”, Sepúlveda escribió que el Tribunal no tiene competencia para frenar su licencia y acusó que dicho organismo está controlado por el PRI y PAN.
“Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas:
1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia.
2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez”, expresó.
Sobre la resolución del Tribunal del Estado, controlado por el PRIAN, quiero decirles dos cosas:
— Samuel García (@samuel_garcias) December 1, 2023
1.- El Tribunal no tiene competencia para detener mi licencia.
2.- Mi licencia es un derecho, no está sujeta a interpretación de ningún juez.
Este viernes, un Tribunal concedió una suspensión para que no se haga válida la licencia que solicitó Samuel García, por seis meses, hasta que se resuelva la situación del gobernador interino.
García solicitó licencia a partir del 2 de diciembre, por seis meses para ser el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano en 2024.
Por separado, su coordinador de campaña, Jorge Álvarez Máynez también señaló la resolución de dicho Tribunal, la cual dijo es para buscar que no compita Samuel García en las próximas elecciones.
Considera inconstitucional dicha resolución, ya que dijo el asunto ya fue resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Que bueno que se quiten la máscara. Lo que no quieren es que Samuel García compita. Porque va a jubilar al PRI y al PAN.
Esto que hace el Poder Judicial de Nuevo León es inconstitucional. El asunto ya fue resuelto por un tribunal de rango constitucional (el TEPJF)”, refirió.
