Puebla, Pue.- Con 34 votos a favor y 6 abstenciones, el Congreso del Estado de Puebla aprobó realizar reformas al Código Civil de la entidad a fin de reconocer la ley de identidad de género, que otorga a las personas transexuales el derecho de modificar su acta de nacimiento y otros documentos oficiales para respaldar su cambio de sexo con certeza jurídica.
La también llamada 'Ley Agnes' fue discutida este día en sesión del Pleno del Congreso local a través de una propuesta planteada por la diputadas, Vianey García Romero y Estefanía Rodríguez Sandoval, aunque el dictamen presentado por las legisladoras al final fue aprobado con una serie de reformas propuestas por la diputada Rocío García Olmedo, quien señaló que sin esos cambios la ley podría caer en una inconstitucionalidad.
Y es que la iniciativa presentada establece requisitos que cada Registro Civil debe implementar para que las personas puedan tramitar su cambio de sexo en documentos oficiales, lo cual está prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que determinó desde 2019 que solamente el Congreso de la Unión cuenta con las facultades para legislar los procesos en materia civil y familiar.
La discusión y aprobación de la Ley Agnes durante este día se dio luego de las presiones ejercidas por colectivas feministas, quienes entre noviembre a diciembre del 2020 tomaron la sede del Poder Legislativo para exigir la aprobación de dicha ley, así como la despenalización del aborto, la cual aún está por analizarse y discutirse.
Sin embargo, el acuerdo al que se llegó con los diputados del Congreso respecto a la Ley Agnes, es que ésta sería discutida y votada a más tardar el 15 de febrero, lo cual no fue así.
La Ley Agnes lleva ese nombre en honor a la activista Agnes Torres, a quien reconocen por haber impulsado las modificaciones al código civil que hoy fueron aprobadas.
La influencia de Agnes Torres en la vida legislativa de la entidad también se hizo presente luego de su lamentable asesinato en 2012, pues un año después, el Congreso del Estado incluyó en el Código de Defensa Social el odio y la discriminación como circunstancia en los delitos de homicidios y lesiones.
