Puebla, Pue.- Las condiciones para el abuso del poder en Puebla siguen iguales. Ni la administración de Antonio Gali, ni la interina de Guillermo Pacheco Pulido, ni su actual sucesor, Miguel Barbosa Huerta, han hecho nada para desmontar los mecanismos que implican el uso "discrecional" del dinero público, la opacidad de los procesos relacionados con obras públicas e inversiones, y el sometimiento de los poderes e instituciones, acusaron integrantes de Puebla contra la Corrupción y la Impunidad.
En conferencia de prensa, el ex candidato al gobierno de Puebla, Enrique Cárdenas Sánchez, el empresario Gerardo Navarro y el autor del libro La Trama Audi, Sergio Mastretta Guzmán, coincidieron en que Puebla esta frente al riesgo de que nuevos abusos ocurran, tales como el aumento de la deuda pública, el sometimiento del Poder Legislativo y de instituciones que deberían ser autónomas, como la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el Instituto de Acceso a la Información Pública.
“En el caso de la opacidad que prevaleció en lo relativo a la construcción de la Plataforma Audi y de la Ciudad Modelo, las reservas de información hasta el momento continúan vigentes, pese a la promesa hecha por el gobernador Barbosa el 9 de septiembre de 2019, cuando anunció que “pronto” por medio de un decreto eliminaría las más de tres mil reservas de información que datan de los últimos ocho años. Esto no ha ocurrido hasta la fecha”, aseguraron.
Recordaron que la acción de PCCI no sólo quedó en la presentación de La Trama Audi, ya que se ha entregado un ejemplar del libro, a manera de denuncia, al gobernador (Miguel Barbosa Huerta) a través de la directora de Comunicación Social (Verónica Vélez Macuil) y a todos los titulares de las dependencias involucradas en el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): la Secretaría de la Función Pública; la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; la Auditoría Superior del Estado; el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado (ITAIP); el Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de Participación Ciudadana que preside el SEA.
Finalmente, Enrique Cárdenas aseguró que la Fiscalía no los ha citado para exponer más datos, lo que indica que “sigue sin tener autonomía”.
