La presidenta Claudia Sheinbaum propuso cambios a la Ley Aduanera que modificarían la forma en que las autoridades detectan posibles irregularidades en el valor declarado de mercancías que ingresan a México. La iniciativa ya fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y trámite legislativo.
Uno de los puntos que más llama la atención es la reducción de 50% a 20% en el umbral de diferencia de valor considerado dentro de una presunción de infracción para determinados regímenes aduaneros. La medida busca combatir la subvaluación y proteger la recaudación fiscal.
¿Qué cambiaría con la propuesta de Sheinbaum en las aduanas?
La iniciativa plantea modificar el artículo 177, fracción XII, de la legislación vigente. El propósito es fortalecer los mecanismos con los que la autoridad identifica posibles casos de subvaluación de mercancías, una práctica que, de acuerdo con la exposición de motivos, puede reducir el pago de contribuciones y afectar a la industria nacional.
Actualmente, el umbral contemplado es de 50 por ciento. La propuesta pretende llevarlo a 20 por ciento, con lo que la autoridad tendría un margen de actuación distinto ante mercancías cuyo valor declarado presente elementos objetivos que generen dudas.
El gobierno federal sostiene que la modificación permitiría avanzar hacia un modelo de control basado en parámetros de riesgo, métodos legales de valoración y facultades de comprobación.
El cambio que puede modificar los controles sobre mercancías
La iniciativa no plantea únicamente ajustar un porcentaje. Su argumento central es fortalecer la capacidad de las autoridades para detectar posibles irregularidades en las importaciones y actuar cuando existan elementos que justifiquen una revisión.
De acuerdo con el documento enviado al Congreso, la subvaluación puede tener efectos que van más allá de la recaudación tributaria. También puede afectar las condiciones de competencia para las empresas que participan en el mercado nacional, además de impactar la inversión y el empleo.
En ese sentido, el gobierno plantea que un mayor control permitiría proteger el interés fiscal y, al mismo tiempo, establecer condiciones más equilibradas para quienes participan legalmente en el comercio exterior.
¿Cuándo podrían embargar mercancías?
Otro de los puntos relevantes está relacionado con el embargo precautorio. La propuesta contempla que, cuando durante un reconocimiento aduanero o una revisión de la autoridad existan elementos objetivos que permitan advertir una posible irregularidad en el valor declarado, se realice un análisis conforme a las reglas de valoración establecidas en la Ley Aduanera.
Si después de ese procedimiento se determina que existen elementos suficientes, la autoridad podría proceder al embargo precautorio de las mercancías en los términos que establezca la legislación.
Esto significa que el cambio propuesto no implica que cualquier diferencia en el valor declarado derive automáticamente en un embargo. La propia iniciativa señala la necesidad de aplicar los métodos de valoración correspondientes y respetar los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.
La discusión legislativa será clave para conocer cómo quedaría finalmente la disposición y cuáles serían sus alcances para importadores y empresas.
Sheinbaum envía otras propuestas al Congreso
La iniciativa sobre la legislación aduanera forma parte de un paquete en el que la presidenta también envió otras propuestas a la Cámara de Diputados.
Entre ellas se encuentran proyectos para expedir una Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, así como una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
El coordinador de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, señaló que las propuestas serán analizadas y recibirán el trámite legislativo correspondiente.
Por ahora, el cambio a las reglas aduaneras se encuentra en la etapa de análisis legislativo. El punto que concentra buena parte de la atención es la reducción del umbral de 50% a 20%, una modificación que podría ampliar la capacidad de revisión de las autoridades frente a posibles casos de subvaluación.
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