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SCJN transfiere $1,880 millones a la Tesorería Federal por reforma judicial

México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió más de 1,880 millones de pesos a la Tesorería de la Federación (TESOFE), como parte del proceso de extinción de sus fideicomisos, en cumplimiento con la reforma judicial publicada en 2024. Esta acción refuerza el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la austeridad.

¿Qué motivó la transferencia de fondos?

La acción deriva del artículo Décimo Transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma obliga a extinguir fideicomisos del Poder Judicial y reintegrar los recursos a la federación.

En cumplimiento de esta disposición, la SCJN implementó medidas para concluir los procesos financieros y operativos relacionados con sus fideicomisos, asegurando la transferencia íntegra de los fondos remanentes.

Más de 1,880 millones reintegrados a la Federación.

La transferencia a la TESOFE se realizó el 2 de abril de 2025, y fue documentada oficialmente en el DOF el 15 de julio de 2025. Los saldos correspondientes a los fideicomisos quedaron en cero al 30 de junio de este año.

Los fondos provienen de dos fideicomisos específicos:

  • “Proyectos”: $200,564,113.91 pesos
  • “Remanentes Presupuestales”: $1,680,016,834.39 pesos

El total transferido fue de $1,880,580,948.30 pesos, bajo el concepto de “Aprovechamientos”.

Firma legal y conclusión del proceso.

La formalización legal de la extinción ocurrió el 8 de mayo de 2025, cuando la SCJN y Nacional Financiera (como fiduciaria) firmaron los convenios que concluyeron oficialmente los contratos de los fideicomisos.

El documento que respalda la transferencia está firmado por el Mtro. Rodrigo Cervantes Laing, Director General de Presupuesto y Contabilidad de la SCJN.

Compromiso con la transparencia y austeridad.

La extinción de los fideicomisos y la entrega de recursos a la Tesorería de la Federación representan un paso clave en la implementación de la reforma judicial. Además, esta acción se alinea con la política federal de austeridad, que busca centralizar el uso de recursos públicos para una gestión más eficiente.

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