El pasado 3 de julio, la Fiscalía de Nuevo León realizó un cateo nocturno y retuvo a tres menores de edad bajo el argumento de que podían ser víctimas de una red de trata de personas.
Dos de ellos, una niña de dos años y un niño de uno, fueron trasladados al DIF Capullos, institución dirigida por Mariana Rodríguez a través de Amar a Nuevo León.
Justificación oficial y discurso de rescate
La fiscalía aseguró que los menores vivían en condiciones inadecuadas, por lo que su traslado se presentó como una medida de protección. Rodríguez incluso difundió en redes sociales que se trataba de un “rescate” de niños originarios de Chiapas, acusando la existencia de una red de explotación infantil.
Activistas cuestionan el procedimiento
La versión oficial comenzó a debilitarse cuando activistas denunciaron que la medida fue desproporcionada, pues los niños fueron separados de sus padres debido a la falta de actas de nacimiento, un requisito difícil de cumplir en comunidades indígenas como la tzotzil, donde el acceso a servicios públicos es limitado.
La exsecretaria de Participación Ciudadana, Ximena Peredo, criticó que el DIF y la fiscalía trataran a la familia como sospechosa de trata, sin una orden judicial clara.
Confirmación de parentesco y nuevas trabas
A inicios de julio, las pruebas genéticas confirmaron que los menores eran hijos biológicos de los adultos con quienes vivían. Sin embargo, el DIF Capullos impuso nuevos requisitos para devolverlos:
- Trámite de actas de nacimiento.
- Que la vivienda cumpliera con estándares mínimos de habitabilidad.
La organización Zihuame Mochilla denunció que la retención se ha prolongado sin justificación, afectando gravemente a la familia.
Más casos de menores tzotziles detenidos
Activistas revelaron que existen al menos 30 niños tzotziles retenidos en operativos similares bajo sospechas de mendicidad o explotación, lo que ha generado preocupación por un patrón de discriminación institucional.
Críticas a Mariana Rodríguez y la fiscalía
Pese a las denuncias, Mariana Rodríguez insiste en que el DIF actuó conforme a la ley. No obstante, enfrenta cuestionamientos por la falta de sensibilidad hacia comunidades indígenas.
Ni la fiscalía estatal, encabezada por Javier Flores, ni Rodríguez han reconocido públicamente errores, ofrecido disculpas o reparado el daño a las familias afectadas.
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