La muerte de María Susana Flores Gámez, ocurrida durante un operativo del Ejército en Sinaloa en noviembre de 2012, durante años quedó ligada a una imagen difícil de borrar: la de una joven reina de belleza junto a un rifle AK-47.
Sin embargo, documentos judiciales incorporados a un proceso penal modificaron sustancialmente esa versión. De acuerdo con las resoluciones citadas en el expediente, cuando los militares le dispararon, la joven habría salido de una vivienda con las manos en alto y habría pedido que no le dispararan.
El caso de María Susana Flores y la versión que ahora está bajo cuestionamiento
María Susana Flores tenía 22 años cuando murió el 24 de noviembre de 2012. Era conocida por su participación en certámenes de belleza y mantenía una relación con Orso Iván Gastélum Cruz, conocido como “El Cholo” Iván, señalado como integrante del Cártel de Sinaloa y posteriormente identificado como cercano a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Después del operativo, la versión difundida señalaba que la joven había muerto durante un enfrentamiento con elementos del Ejército. Junto a su cuerpo fue localizada un arma larga tipo AK-47 y una prueba de rodizonato de sodio practicada posteriormente resultó positiva.
Ese resultado fue utilizado para sostener que María Susana había disparado el rifle. Durante años, esa versión permaneció asociada al caso y a la imagen pública de la joven.
Pero el proceso judicial contra dos elementos del Ejército abrió otra perspectiva sobre lo ocurrido aquella noche.
Qué dicen los documentos sobre los últimos momentos de María Susana
Según testimonios integrados en la investigación de la Fiscalía General de la República, una de las camionetas involucradas en la persecución quedó atascada. María Susana descendió del vehículo y se refugió en una vivienda deshabitada.
Los testimonios señalan que posteriormente los militares le ordenaron salir del inmueble. Cuando abandonó la vivienda, habría salido con las manos en alto y pidiendo que no dispararan.
Fue entonces cuando los elementos accionaron sus armas.
El Tribunal de Apelación determinó que, con base en los elementos incorporados al expediente, los disparos no habrían ocurrido como parte de una acción para repeler una agresión en ese momento. Esa conclusión permitió avanzar con el proceso penal contra los militares.
La resolución representa un cambio importante frente a la explicación que durante años vinculó directamente a la joven con el arma encontrada en el lugar.
Dos militares enfrentan proceso por la muerte
Los elementos identificados como José Manuel y Miguel Ángel recibieron auto de formal prisión el 29 de enero de 2026. En junio, el Tribunal de Apelación confirmó esa resolución.
Los documentos judiciales establecen una responsabilidad correspectiva o autoría indeterminada, debido a que ambos militares habrían disparado, aunque no fue posible establecer cuál de los dos realizó los disparos que provocaron la muerte de María Susana.
El expediente también contempla otro fallecimiento ocurrido durante el mismo operativo. Se trata de un hombre identificado como Rosario, quien habría sido despojado de una camioneta durante la persecución. Por este caso, los elementos enfrentan una acusación por homicidio culposo.
El proceso, por tanto, no solo busca determinar qué ocurrió con María Susana Flores, sino también establecer las responsabilidades individuales de los militares involucrados.
La conexión con el ‘Cholo’ Iván y el operativo en Sinaloa
La muerte de María Susana ocurrió mientras “El Cholo” Iván lograba escapar del operativo. El hombre fue detenido posteriormente, en enero de 2016, junto con Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Mochis, Sinaloa.
Gastélum Cruz fue extraditado a Estados Unidos en 2023.
La relación con uno de los hombres vinculados al entorno de Guzmán fue uno de los elementos que mantuvo el caso de María Susana bajo atención pública durante años. Sin embargo, las nuevas resoluciones judiciales colocan nuevamente el foco en las circunstancias exactas de su muerte y en la actuación de los elementos del Ejército.
El punto central ahora es determinar las responsabilidades penales derivadas de los disparos que terminaron con la vida de la joven, mientras el proceso judicial continúa y la versión de lo ocurrido en aquel operativo vuelve a ser revisada a partir de las pruebas y testimonios incorporados al expediente.
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