Por: Cortesía

Nacional

Jueza ordena la liberar a ocho militares implicados en caso Ayotzinapa

En febrero de este año, la jueza les dictó auto de formal prisión por el probable delito de delincuencia organizada.

La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo ordenó esta madrugada la libertad provisional a los ocho militares que fueron imputados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, derivado de la investigación del caso Ayotzinapa.  

La jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, echó abajo la prisión preventiva justificada a la que estaban sometidos desde febrero pasado.

Los militares están sujetos a un proceso penal por sus supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los soldados podrán abandonar el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, una vez que cubran una garantía de 100 mil pesos. La juzgadora ordenó que también acudan a firmar los 1 y 16 de cada mes al citado juzgado en el Estado de México.

La resolución fue dictada a favor de Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.

En febrero de este año, la jueza les dictó auto de formal prisión por el probable delito de delincuencia organizada.

Los militares fueron detenidos tras los testimonios de los testigos protegidos Carla y Neto, delincuentes confesos que participaron en diversos delitos, entre ellos, la desaparición de los normalistas ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, y quienes aseguraron que los soldados probablemente recibían pagos por brindar protección a los integrantes del grupo criminal.

Ante esta situación, los abogados Alejandro Robledo Carretero y César Omar González, exigieron desde aquella fecha la libertad de sus defendidos y aseguraron que este asunto no es más que una “persecución política”.

Ante la libertad provisional el representante legal de los padres y madres de familia de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, consideró “preocupante” que en el Poder Judicial se están dictando criterios judiciales muy inequitativos a favor de los militares que son procesados”.

 

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