La presión sobre Rubén Rocha Moya volvió a subir de tono luego de que Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, pidiera públicamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detener al gobernador de Sinaloa y trasladarlo a Estados Unidos para que enfrente las acusaciones formuladas en su contra.
El pronunciamiento ocurrió mientras el mandatario sinaloense enfrentaba nuevamente un escenario político complicado. Maltz pidió que Rocha Moya rinda cuentas por sus acciones, en un mensaje que reavivó el debate sobre las acusaciones estadounidenses contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Derek Maltz vuelve a señalar a Rubén Rocha Moya
A través de su cuenta de X, Maltz reaccionó el sábado 22 de agosto a una publicación relacionada con el regreso de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa, después de 112 días de licencia.
El exfuncionario estadounidense dirigió su mensaje directamente a Omar García Harfuch y sostuvo que el gobernador debe responder por sus acciones. Además, planteó una operación de “arresto y deportación de alto nivel hacia Estados Unidos”, al considerar que los funcionarios presuntamente vinculados con organizaciones criminales también deben enfrentar la justicia.
Maltz argumentó que, desde su perspectiva, los políticos corruptos pueden proporcionar apoyo relevante a los cárteles. Su postura retoma una línea de señalamientos que ya había expresado anteriormente respecto a la relación entre funcionarios públicos y organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Las acusaciones que están detrás del pronunciamiento
El mensaje del exfuncionario de la DEA ocurre en medio de una acusación presentada en Estados Unidos contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya.
De acuerdo con la acusación estadounidense citada por Maltz, los señalados enfrentan señalamientos relacionados con tráfico de drogas y armas, además de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La imputación corresponde a autoridades estadounidenses y las acusaciones no deben confundirse con una determinación de culpabilidad.
Entre los nombres mencionados también aparecen Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, también ha sostenido que las investigaciones buscan enviar un mensaje a funcionarios que presuntamente colaboren con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El escenario político se complicó para el gobernador
El pronunciamiento de Maltz coincidió con otro movimiento relevante en Sinaloa. Rocha Moya anunció nuevamente una solicitud de licencia ante el Congreso estatal, en un contexto marcado por la falta de respaldo político que, según el contenido de referencia, enfrentaba dentro de Morena.
La situación también ha generado pronunciamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Previamente, la mandataria señaló que Estados Unidos todavía no había enviado información suficiente para concretar una detención con fines de extradición contra el gobernador.
Por ello, la petición de Maltz representa principalmente un posicionamiento público de un exfuncionario estadounidense, y no significa por sí misma que exista una orden de arresto emitida por las autoridades de Estados Unidos.
Maltz ya había pedido actuar contra funcionarios mexicanos
El llamado de agosto no es el primer pronunciamiento de Derek Maltz sobre el caso. En junio, después de que se conociera la acusación presentada en Nueva York, el exdirector interino de la DEA también pidió a las autoridades mexicanas detener a los funcionarios señalados y enviarlos a Estados Unidos para responder ante la justicia.
Maltz ha insistido en que los cárteles no operan de manera aislada y que las investigaciones deben alcanzar a las personas que presuntamente facilitan sus actividades desde las instituciones.
El exfuncionario estuvo al frente de la DEA como administrador interino entre el 20 de enero y el 2 de mayo de 2025, durante la administración de Donald Trump. Antes de ocupar ese puesto, desarrolló una carrera de 28 años como agente especial de la agencia antidrogas estadounidense.
Con la nueva solicitud pública, el caso de Rocha Moya vuelve a colocarse en el centro de la atención política nacional y de la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, mientras las acusaciones formuladas en territorio estadounidense siguen su propio curso judicial.
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