A más de 16 años del incendio en la Guardería ABC, padres de las víctimas denunciaron la presunta detención en Arizona de Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como una de las socias propietarias del inmueble donde fallecieron 49 niñas y niños en 2009.
El grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por familiares de las víctimas, informó que Téllez fue detenida en Eloy, Arizona, gracias a una ficha roja de Interpol. Sin embargo, acusan que no han sido notificados formalmente por autoridades mexicanas.
Padres piden extradición inmediata
En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero, el grupo exigió que el Estado mexicano realice los trámites necesarios para que Sandra Téllez sea deportada y extraditada a México:
“Pedimos que sea puesta a disposición de las autoridades mexicanas. No hay excusas para permitir más impunidad”, exigieron.
Temen que Téllez obtenga asilo político
Los padres expresaron su preocupación ante la posibilidad de que una firma de abogados en Arizona solicite asilo político para Téllez Nieves, argumentando una persecución. Sin embargo, las víctimas recordaron que ella fue condenada en 2016 por homicidio culposo y lesiones a más de 150 menores.
Aunque inicialmente la sentencia fue de casi 29 años de prisión, mediante amparos se redujo a 5 años y 7 meses. Desde 2022 cuenta con una orden de reaprehensión vigente.
¿Qué ocurrió en la Guardería ABC?
El 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega del Gobierno estatal se propagó a la Guardería ABC, subrogada por el IMSS. El fuego causó la muerte de 25 niñas y 24 niños, además de dejar a más de 70 menores con quemaduras graves y 39 con secuelas permanentes.
La guardería operaba sin condiciones mínimas de seguridad, como salidas de emergencia habilitadas. A pesar de investigaciones y señalamientos a más de 20 funcionarios, nadie ha sido sentenciado por su responsabilidad en los hechos.
Familias denuncian impunidad persistente
Los familiares reiteraron que, aunque existen órdenes de aprehensión, las autoridades no las han ejecutado, mientras que varios responsables, tanto funcionarios como socios de la guardería, siguen libres o han fallecido sin rendir cuentas.
“Pedimos empatía y justicia. Que este caso no quede en el olvido ni en la impunidad”, concluyó el colectivo.
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