Tras la identificación el año pasado de uno de los 43 normalistas desaparecidos, las familias aguardan noticias de la última ronda de envíos al laboratorio de la Universidad de Innsbruck
El caso Ayotzinapa enfrenta una semana clave a la espera del resultado de los análisis de los 16 fragmentos óseos enviados en febrero a Austria. Previstos para mayo, los investigadores los esperan de manera inminente. Ha pasado casi un año desde que la Fiscalía anunciara la identificación de unos de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Era el primero desde hacía seis años, el segundo en total. Ahora, las expectativas son enormes. Los restos mandados al laboratorio de la Universidad de Innsbruck en febrero se recogieron en el mismo lugar donde apareció el resto óseo que en vida perteneció a Christian Rodríguez, el estudiante identificado el año pasado.
Impulsados por el hallazgo, los investigadores han pasado el último año y parte del anterior haciendo búsquedas en el lugar, un paraje aislado, alejado de la cabecera municipal de Iguala. El rastreo de fragmentos de hueso, las peleas por el acceso a información que el Ejército pudiera tener sobre el caso y la presión diplomática para conseguir la extradición de Tomás Zerón, investigador principal del ataque durante los primeros años, han dominado las pesquisas en este tiempo. Un nuevo positivo en el laboratorio sería un éxito, sobre todo para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuyo compromiso con las familias fue una de sus promesas de campaña.
A falta de una hipótesis que incorpore todas las piezas del puzzle, el caso Ayotzinapa cambió definitivamente en julio de 2020, con el hallazgo del hueso de Rodríguez. Ubicado en la barranca de la Carnicería, aquel trocito de pie desmontaba finalmente la versión oficial de lo ocurrido, impulsada por el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Según esta hipótesis, un contubernio delincuencial integrado por policías de Iguala y Cocula e integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos habían atacado a los estudiantes en Iguala. Se los habían llevado al basurero de Cocula, donde luego los habían matado y habían quemado sus restos, para luego arrojarlos a un río.
Cuestionada desde el principio, la versión del basurero choca de frente con el hallazgo del hueso de Rodríguez en la Carnicería, situada a casi un kilómetro de allí. Si el laboratorio identificara huesos de más estudiantes en los restos enviados en febrero, las preguntas que se han hecho sus familias desde hace un año cobrarían si cabe más relevancia: ¿cómo llegaron restos de los muchachos allí? ¿por qué la Carnicería nunca apareció en el mapa de posibilidades de la Administración de Peña Nieto?
No es solo la parte del basurero la que ha quedado obsoleta, también la lógica criminal que plantearon los investigadores, encabezados por el propio Tomás Zerón, hoy prófugo de la justicia, acusado de tortura y desfalco. Además de las policías de Iguala y Cocula, otros cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en el ataque contra los estudiantes o el intento de esconder lo ocurrido, algunos de manera activa, otros por omisión. La policía del municipio de Huitzuco forma parte del primer grupo, asunto señalado en su día por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). El Ejército y la Policía Federal, del segundo.
El Ejército, en el punto de mira
En el caso del Ejército, la situación ha sido especialmente delicada. Como informó EL PAÍS en diciembre, tanto la Fiscalía como el grupo de expertos comandado por la Organización de Estados Americanos a México para investigar el caso protestaban por la falta de colaboración de los militares. Entonces, fuentes cercanas a la investigación consultadas por este diario señalaban que las peticiones de información que había hecho la Fiscalía a la Secretaría de la Defensa habían recibido indistintamente el silencio por respuesta. Sobre todo, “peticiones de acceso a documentos que ayudaría a acceder a la cadena de mando”, explicaban estas fuentes.
Según otras dos fuentes cercanas a la investigación consultadas en el último mes, la situación ha cambiado. Por petición de López Obrador, los investigadores han tenido acceso a documentos de los batallones de Iguala y Teloloapan, así como a los archivos de la zona y la región militar. Los documentos hallados allí podrían ayudar a esclarecer su papel en la noche del ataque y los días posteriores.
Hasta la fecha se tenía la idea de que los militares habían intervenido marginalmente en la noche de los hechos. Un convoy patrulló por Iguala durante el ataque y las horas posteriores. Aparecieron cerca de uno de los escenarios de la agresión, la esquina de Periférico y Juan N. Álvarez del municipio. Los militares llegaron a un hospital donde se refugiaron parte de los muchachos. Varios estudiantes sobrevivientes denunciaron amedrentamiento por parte de ellos.
El mismo convoy acudió posteriormente, entre las 23.00 y medianoche, a Barandilla, un pequeño centro de detención de la Policía de Iguala. Fueron supuestamente a recoger una moto, decomisada a otro militar que durante la tarde había realizado tareas de inteligencia en el municipio. Ese militar habría presenciado el otro escenario del ataque, el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia.
A falta de saber qué documentos han consultado los investigadores, cualquier información podría ayudar a detallar el papel de la cadena de mando durante el día de los hechos y las jornadas posteriores, los militares a cargo del batallón de Iguala, la zona y la región militar.
