Diputados expiden nueva ley para frenar ‘prácticas insanas’ en contratos de publicidad

Propuesta desde el Senado, el objetivo de esta ley -con sólo 13 artículos y que ya se envió al Ejecutivo federal- es promover la transparencia en el mercado de la publicidad, prevenir y combatir prácticas comerciales que constituyen una ventaja indebida a favor de personas determinadas en perjuicio de los anunciantes y, en última instancia, de los consumidores.

Señala que la ley será aplicable a los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos, cualquiera que sea el nombre o denominación que se le dé, que celebren entre sí dos o más de los agentes económicos.

Establece que una agencia sólo puede adquirir espacios publicitarios por cuenta y orden de un anunciante y en el marco de un contrato de mandato celebrado por escrito entre el anunciante y la agencia.

Además, una agencia no puede adquirir espacios publicitarios por cuenta propia para su posterior reventa a un anunciante.

Subraya que el medio deberá enviar la factura por concepto de la venta de los espacios publicitarios directamente al anunciante, aún cuando la agencia realice el pago en su nombre, conforme a la normatividad en materia fiscal aplicable.

Al presentar el dictamen en tribuna, el diputado presidente de la Comisión de Gobernación y Población, Jaime Humberto Pérez Bernabe, de Morena, explicó que el dictamen construye una norma secundaria para proteger a la ciudadanía de prácticas insanas que se den en la economía nacional y corregir las malas prácticas en materia de publicidad.

“Es una legislación sensible que privilegia las necesidades de transparencia que en materia de publicidad se deben aplicar”, expresó.

Señaló que la publicidad es el conjunto de estrategias que orientan al público en general para la adquisición de productos, por lo que es necesario evadir la publicidad insana, ya que produce una afectación de los derechos humanos.

Afirmó que esta nueva norma se encuentra a la altura de los estándares internacionales en la materia, respeta los derechos humanos y transparenta los actos jurídicos; además, no crea un gasto adicional al presupuesto.

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