En 2019, las universidades públicas estatales no justificaron pagos por 9 mil 877.5 millones de pesos, que representan 16 por ciento de los recursos que les transfirió ese año el gobierno federal para el pago de nóminas.
De acuerdo con el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, 85 por ciento de este gasto irregular se concentra en cuatro instituciones de educación superior: la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Luego de practicar auditorías a 34 universidades y a la Secretaría de Educación Pública para revisar el ejercicio del programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales –por el que el gobierno federal transfirió un total de 61 mil 742.2 millones de pesos a las universidades–, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó una serie de anomalías, como que tres universidades –la UdeG, y las Universidades Autónoma del Carmen, Campeche, y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo– transfirieron 6 mil 148 millones de pesos a múltiples cuentas bancarias sin motivo.
En particular, en la UdeG, la ASF consideró que hay montos por aclarar por 6 mil 147.2 millones de pesos y se abrieron procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas.
La Auditoría también detectó que en trece universidades se hicieron pagos excedentes de sueldos, prestaciones y estímulos por 762.2 millones de pesos.
Sobre este punto, la ASF determinó que en la UAEH no se realizó una gestión eficiente ni transparente de los recursos del programa, entre otras cuestiones porque sobrepasó en 360.8 millones de pesos el monto destinado a nómina respecto a lo convenido con el gobierno federal y superó en 78.8 millones de pesos los montos autorizados relacionados con las prestaciones de su personal.
Otra irregularidad fue que en la Universidad de Durango se hicieron transferencias por mil 78.3 millones de pesos para el pago de nómina que no coincidieron con lo presentado en las bases de nóminas, ni con lo registrado como pagado en el rubro de servicios personales.
La ASF encontró problemas como la contratación de personal que no acredita el perfil académico, penas convencionales no aplicadas, recursos no entregados a los ejecutores, además de pagos al personal de honorarios sin tener evidencia de los contratos que amparen la relación laboral por 663.2 millones de pesos.
Sobre las cuatro universidades con mayores observaciones e irregularidades, la ASF consideró que es fundamental que establezcan medidas que fortalezcan el control de la gestión de los recursos del programa.
Del total de las universidades auditadas, sólo en tres la ASF no encontró gastos pendientes de aclaración. Se trata de las Autónomas de Guerrero y San Luis Potosí, así como de la Benemérita de Puebla.
