El conflicto por las tierras donde se construiría el NAICM continúa, pese a que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador canceló el proyecto y propuso en su lugar un Parque Ecológico en el Lago de Texcoco.
A una década del relanzamiento del proyecto por Enrique Peña Nieto, que expropió más de 5,300 hectáreas de ejidos, los campesinos volvieron a organizarse y bloquearon el Circuito Exterior Mexiquense y la autopista Peñón-Texcoco en exigencia de atención a sus demandas.
Reclamos de los ejidatarios
Los campesinos aseguran haber enviado oficios a autoridades de los tres niveles de gobierno, pero sin respuesta. Entre sus principales exigencias se encuentran:
- Reconocer a Chimalhuacán como pueblo originario.
- Respetar tierras ancestrales de los nativos de Tlateles.
- Regularización de predios y resolución de adeudos.
- Pagos justos por tierras ejidales y comunales.
- Inclusión de los propietarios originarios en el Polo de Desarrollo de la Zona Oriente.
Conflicto histórico sin solución
El problema enfrenta dos visiones: por un lado, el gobierno federal impulsa el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, mientras que los ejidos de Atenco, Chimalhuacán y Texcoco reclaman la propiedad legal de las tierras.
La falta de claridad en los pagos y el irrespeto a los derechos agrarios mantiene una confrontación social que ha escalado en protestas y bloqueos.
Herencia pendiente de AMLO a Sheinbaum
El conflicto también se considera una herencia de López Obrador a Claudia Sheinbaum. El expresidente prometió reparar el daño ocasionado, pero los campesinos rechazaron el avalúo oficial realizado por su administración.
En este contexto, se prevé que entre 2026 y 2027 el gobierno de Sheinbaum destine más de 19,630 millones de pesos para pagar dos de los cuatro bonos emitidos para la construcción del aeropuerto cancelado.
Próximos pasos en el conflicto
Los ejidatarios advirtieron que continuarán con bloqueos si no se instalan nuevas mesas de diálogo con los gobiernos federal, estatal y municipal.
El desenlace dependerá de la capacidad de negociación de las autoridades y de la presión social generada por las movilizaciones.
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