Los colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos volvieron a poner bajo presión al Gobierno de México por la falta de información actualizada sobre las fosas clandestinas localizadas en el país. Elementa DDHH presentó un amparo contra la Secretaría de Gobernación por la presunta inoperancia y desactualización del registro oficial.
La organización reclama que las autoridades mantengan y actualicen una herramienta que permita conocer dónde han sido encontrados sitios de inhumación clandestina y qué ha ocurrido con los restos recuperados. Mientras tanto, familias de personas desaparecidas y colectivos han asumido parte de las tareas de búsqueda ante lo que consideran una respuesta institucional insuficiente.
Registro de fosas clandestinas enfrenta reclamos por falta de actualización
Elementa DDHH interpuso una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Baja California, con residencia en Mexicali, contra la Secretaría de Gobernación y otras autoridades relacionadas con la Comisión Nacional de Búsqueda.
El reclamo señala omisiones para emitir lineamientos técnicos, coordinar la información y mantener actualizado el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas. El juzgado, por su parte, otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la organización precise los hechos y abstenciones que considera actos reclamados.
El caso pone nuevamente sobre la mesa una discusión que lleva años entre las familias buscadoras, colectivos y autoridades: la necesidad de contar con información pública, verificable y actualizada sobre los lugares donde han sido encontrados restos humanos.
El mapa oficial desapareció del portal de búsqueda
Uno de los puntos señalados por la organización es que en 2025 la Comisión Nacional de Búsqueda eliminó de su portal el mapa y registro de fosas clandestinas.
El problema, de acuerdo con los argumentos del amparo, es que la herramienta ya presentaba un importante rezago en la información, pues los últimos reportes disponibles correspondían a agosto de 2023.
Ante ese vacío, organizaciones civiles y colectivos de familias buscadoras han desarrollado sus propios mecanismos para documentar hallazgos y concentrar información sobre sitios de inhumación clandestina.
La exigencia no se limita a recuperar una base de datos. Los colectivos piden que el registro sea dinámico, público y georreferenciado, de manera que pueda contribuir a las labores de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.
Familias buscadoras enfrentan un vacío de información
La falta de un registro actualizado adquiere mayor relevancia en un país donde miles de personas permanecen desaparecidas y donde las familias han participado directamente en la localización de posibles sitios de inhumación.
Organismos defensores de derechos humanos sostienen que las deficiencias en materia forense dificultan conocer la identidad de los cuerpos y restos humanos encontrados. Por ello, la información sobre las fosas puede ser un elemento importante para relacionar hallazgos con investigaciones de desaparición.
Entre 2006 y 2024 se documentó la localización de al menos 3 mil 298 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados más de 8 mil 31 cuerpos.
El escenario también ha llevado a organizaciones civiles a crear herramientas independientes. Entre ellas se encuentra la Plataforma Ciudadana de Fosas, cuyo propósito es concentrar información ante las diferencias y vacíos existentes en los registros oficiales.
Guerrero, Veracruz y otros estados concentran cientos de fosas
Los registros elaborados por colectivos muestran una concentración importante de fosas clandestinas en entidades que también han enfrentado episodios de violencia relacionados con grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con esos registros, Guerrero acumula 415 fosas clandestinas; Veracruz, 397; Sonora, 342; Guanajuato, 275, y Jalisco, 245.
Estos datos reflejan la dimensión territorial del problema y explican parte de la presión de las familias para que exista una base oficial que pueda actualizarse conforme avancen las investigaciones y las labores de búsqueda.
Para los colectivos, contar con información precisa no es solamente una cuestión estadística. También puede ayudar a coordinar búsquedas, documentar hallazgos y avanzar en la identificación de personas desaparecidas.
El amparo presentado por Elementa DDHH coloca nuevamente esa exigencia frente a las autoridades federales. El punto central será determinar si las instituciones responsables deben adoptar medidas concretas para garantizar que el registro funcione, se actualice y pueda ser utilizado como una herramienta pública para enfrentar la crisis de desapariciones y la problemática forense en México.
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