Brenda Quevedo podrá continuar en libertad el proceso penal relacionado con el caso Wallace, luego de que un juez federal modificara las medidas cautelares que mantenía desde 2024. La resolución pone fin al resguardo domiciliario, al uso del brazalete electrónico y a la custodia permanente de la Guardia Nacional.
La decisión llega después de casi 20 años de proceso penal, marcado por una prolongada prisión preventiva, señalamientos de violaciones al debido proceso y una recomendación de la CNDH por presuntos actos de tortura.
Brenda Quevedo seguirá su proceso en libertad por decisión judicial
El Primer Juzgado de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió modificar las condiciones bajo las cuales Quevedo enfrentaba su proceso. La audiencia se extendió durante más de 12 horas, en una revisión solicitada por su defensa.
Con la nueva determinación, la acusada ya no tendrá que permanecer bajo resguardo domiciliario ni portar un brazalete electrónico. También quedó sin efecto la vigilancia permanente de elementos de la Guardia Nacional y la restricción que le impedía salir de la zona conurbada.
Sin embargo, la decisión no significa que haya sido declarada inocente ni que el proceso penal haya terminado. Quevedo todavía deberá cumplir determinadas condiciones mientras continúa el procedimiento.
Estas son las medidas que todavía deberá cumplir
El juez mantuvo algunas restricciones. Entre ellas se encuentra la prohibición de acercarse a la parte acusadora y la obligación de presentarse a firmar periódicamente, en este caso cada cuatro meses.
Además, si pretende salir del país, tendrá que solicitar previamente autorización judicial.
La modificación de las medidas cautelares fue planteada por la defensa a partir de un conjunto de elementos que, según sus abogados, muestran que las circunstancias que originalmente justificaron las restricciones han cambiado.
Durante la audiencia fueron presentados más de 40 datos de prueba para respaldar esa petición.
La muerte de Isabel Miranda fue uno de los argumentos
Uno de los puntos expuestos por la defensa estuvo relacionado con el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, ocurrido en 2025.
La activista había sostenido durante años que existía un riesgo para su integridad y que había recibido amenazas relacionadas con el caso. La defensa de Quevedo argumentó que su muerte modificaba una de las circunstancias consideradas anteriormente para mantener determinadas medidas cautelares.
La representación de la familia Wallace y la Fiscalía General de la República se opusieron a la solicitud. Su postura, de acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, fue que la desaparición de ese riesgo específico no necesariamente eliminaba posibles amenazas para otros integrantes de la familia ni descartaba un eventual riesgo de fuga.
La defensa también señaló que Quevedo había cumplido durante aproximadamente dos años las medidas que tenía impuestas sin registrar incidentes, además de argumentar que requería atención médica especializada por distintos padecimientos de salud.
Un proceso que comenzó hace casi dos décadas
El caso contra Brenda Quevedo se remonta a 2007, cuando fue detenida el 28 de noviembre de ese año en Estados Unidos. Posteriormente fue extraditada a México para enfrentar el proceso relacionado con el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.
Antes de obtener el resguardo domiciliario, Quevedo permaneció más de 15 años en prisión preventiva, una situación que convirtió su caso en uno de los procesos penales más prolongados y controvertidos de los últimos años.
La situación también ha sido analizada desde la perspectiva de los derechos humanos. En 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señaló violaciones al debido proceso y presuntos actos de tortura física y sexual contra Quevedo.
El organismo también emitió en 2025 otra recomendación relacionada con presuntas violaciones a los derechos humanos de sus familiares.
A esto se suma la determinación del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que en 2020 concluyó que Quevedo había sido víctima de una detención arbitraria y que sus derechos habían sido vulnerados.
Por ahora, la nueva resolución modifica las condiciones bajo las cuales enfrentará el proceso, pero no representa una sentencia definitiva sobre su responsabilidad penal. El caso Wallace, casi 20 años después de su inicio, todavía permanece abierto.
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