A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una nueva línea de investigación volvió a poner el foco en un sitio inesperado: una funeraria de Iguala. Las autoridades federales analizan si desde ese lugar pudieron utilizarse mecanismos para alterar registros y desaparecer evidencia relacionada con cuerpos.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el reanálisis de documentos y registros telefónicos abrió nuevas líneas para tratar de esclarecer qué ocurrió con los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Una de ellas involucra a personal de funerarias y al Servicio Médico Forense.
¿Qué se investiga ahora en el caso Ayotzinapa?
La investigación federal mantiene abiertas varias líneas sobre lo ocurrido la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
De acuerdo con el nuevo reporte de la FGR, el análisis de comunicaciones permitió identificar 17 nuevos objetivos de investigación y reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
Una de las líneas que concentra la atención está relacionada con la funeraria Ángel, cuyo propietario, Rodolfo Rueda Mazón, también habría tenido control sobre actividades vinculadas con el Servicio Médico Forense de Iguala y el panteón municipal, según lo expuesto por las autoridades.
La pista que lleva hasta una funeraria
La investigación señala que Rueda Mazón habría tenido intervención en distintas etapas relacionadas con el manejo de cuerpos: desde su levantamiento e identificación hasta la certificación de causas de muerte y su destino.
Un elemento que las autoridades consideran relevante ocurrió en 2025, cuando se estableció que el 4 de octubre de 2014 se utilizó el teléfono del normalista Julio César Mondragón desde un número relacionado con Rueda Mazón, de acuerdo con la información presentada durante el avance de la investigación.
A partir de esos indicios se realizaron cateos en funerarias y en instalaciones del Semefo. Las autoridades reportaron irregularidades en el manejo de restos humanos y documentos oficiales.
Entre los hallazgos mencionados se encuentran formatos oficiales firmados y sellados, pero en blanco, una situación que, de acuerdo con la explicación de la FGR, podía permitir modificar posteriormente información relacionada con una persona fallecida.
La existencia de estos documentos no demuestra por sí misma que hayan sido utilizados para ocultar lo ocurrido con los estudiantes. Precisamente por eso, determinar si estos mecanismos fueron empleados en el caso Ayotzinapa y quiénes pudieron intervenir forma parte de las indagatorias.
Testimonios también colocan a las funerarias bajo investigación
Otra parte de la investigación está relacionada con declaraciones de testigos colaboradores identificados como Sonia, Damián y Neto.
Según lo expuesto por las autoridades, estos testimonios señalan que algunos estudiantes pudieron haber sido trasladados a funerarias con la finalidad de desaparecer evidencia mediante procesos de incineración.
Se trata de una hipótesis de investigación, no de una conclusión definitiva sobre el destino de los 43 normalistas.
La nueva indagatoria busca establecer qué ocurrió realmente, quiénes pudieron participar y si existió una estructura capaz de utilizar instalaciones y procedimientos relacionados con el manejo de cuerpos para alterar el rastro de las víctimas.
El análisis de millones de documentos abrió nuevas pistas
Las autoridades también explicaron que se revisan nuevamente investigaciones realizadas durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
El trabajo contempla más de 5 millones de fojas contenidas en alrededor de 3 mil expedientes, además de registros telefónicos y otros elementos que están siendo digitalizados y contrastados.
La FGR informó que este nuevo análisis permitió detectar información que no había sido advertida o investigada a profundidad anteriormente.
Entre los resultados se encuentra la identificación de nuevos objetivos y la reconstrucción de comunicaciones ocurridas durante las horas críticas de aquella noche.
Otras líneas siguen abiertas
La investigación no se concentra únicamente en las funerarias. También existen líneas relacionadas con lo ocurrido en la barandilla de Iguala, el uso posterior de los teléfonos de los estudiantes y nuevas búsquedas para localizar información sobre su paradero.
Además, las autoridades mantienen gestiones relacionadas con personas que se encuentran fuera de México, entre ellas Tomás Zerón de Lucio, quien permanece en Israel.
En paralelo, el caso continúa generando procesos judiciales contra distintos perfiles. La FGR ha informado durante 2026 sobre acciones penales relacionadas con servidores públicos y otras personas señaladas por su posible participación en hechos vinculados con la desaparición de los estudiantes.
Doce años después, la investigación sigue abierta. Las nuevas líneas no han resuelto qué ocurrió con los 43 normalistas, pero sí han llevado a las autoridades a revisar nuevamente documentos, comunicaciones y posibles conexiones que permanecieron bajo investigación durante años.
El caso, por tanto, continúa sin una respuesta definitiva para las familias, mientras la FGR busca determinar qué ocurrió aquella noche y qué responsabilidad corresponde a cada una de las personas involucradas.
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