La noche del 1 de agosto, presuntos integrantes del crimen organizado atacaron con armas y explosivos el domicilio de Diana Caballero, presidenta municipal de Queréndaro, Michoacán. El atentado ocurrió alrededor de las 22:00 horas.
Según reportes del medio Quadratín Michoacán, los agresores utilizaron drones para lanzar explosivos que provocaron un incendio al interior del inmueble. Hasta el momento no se ha confirmado si la alcaldesa o algún familiar resultaron heridos.
Fuerzas federales desplegadas tras el ataque
Tras el atentado, se desplegó un operativo con elementos del Ejército, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sin que hasta ahora se haya ofrecido una versión oficial o informes sobre detenciones relacionadas con los hechos.
Silencio oficial y preocupación ciudadana
Diana Caballero no ha emitido un comunicado para informar sobre su estado de salud o el de su familia. La última actividad registrada en sus redes fue una transmisión en vivo donde pedía a la ciudadanía reportar necesidades urgentes al gobierno municipal.
Por su parte, las autoridades estatales no se han pronunciado sobre lo sucedido, lo que ha generado incertidumbre entre la población de Queréndaro.
Una escalada de ataques en Michoacán
Este atentado se suma a una serie de agresiones recientes contra funcionarios municipales en Michoacán. El 9 de junio, drones con explosivos caseros atacaron la presidencia de Benito Juárez. Tres días antes, el 5 de junio, el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta fueron asesinados al llegar al domicilio del edil.
Además, el 3 de julio, David Flores Sánchez, subdirector de Seguridad Pública de Zamora, fue ejecutado junto con dos agentes que lo acompañaban.
Una región bajo fuego cruzado
Queréndaro se ubica en la región oriente de Michoacán, zona de disputa entre los cárteles de la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organizaciones que han intensificado su lucha por el control territorial.
La violencia contra figuras públicas y el uso de tecnología como drones con explosivos evidencia un alarmante patrón de ataques del crimen organizado, que pone en riesgo a las autoridades y a la ciudadanía por igual.
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