Este martes llegó al Palacio Nacional de México John Kerry, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tratar los asuntos relacionados al Cambio Climático, para reunirse con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. El motivo, según se informó en días pasados, es para tratar temas relacionados con la relación de ambos países, especialmente sobre los asuntos de política energética.
“Tengo muchas esperanzas de que podamos llegar a algún acuerdo sobre cómo abordar este año en términos de energía renovable y alternativa”, señalaba Kerry al anunciar el encuentro.
Como antecente de la reunión, el pasado 2 de junio, el presidente mexicano sostuvo una llamada telefónica con el funcionario de EEUU, en la que aseguró que asistirá de manera virtual al Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático, a celebrarse el próximo viernes, en donde dará a conocer los compromisos a los que llegaron en esa charla.
“Platicamos acerca de energías renovables y medio ambiente con el enviado presidencial especial de EE.UU. para el Clima, John Kerry. Hicimos compromisos que daremos a conocer de manera virtual el 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático”, compartía en ese momento López Obrador a través de su cuenta de Twitter.
Cabe subrayar que es precisamente los asuntos en ese sector han sido motivo de dolores de cabeza en la relación de ambos países. Por ejemplo la propuesta de reforma eléctrica de López Obrador -que buscaba dar prioridad al Estado sobre las empresas privadas y extranjeras- que, aunque no tuvo éxito para ver la luz, desató una fuerte polémica entre ambos gabinetes, así como con el sector empresarial de EEUU.
A finales del pasado mes de marzo, este mismo asunto protagonizó un encuentro de López Obrador, Kerry y el embajador de EEUU en México, Ken Salazar. Kerry señalaba entonces que en el encuentro abordaron el tema de la producción de energía limpia y consideró importantes las conversaciones con empresas estadounidenses que invierten en México en ese campo. Salazar, por su partem señalaba que en la reunión con López Obrador le comentó sobre los principios que deben regir al sector energético en la región de manera que se pueda acelerar el uso de energías renovables e integración de América del Norte, y el cumplimiento del Tratado de Libre COmercio entre las tres naciones.
No obstante, la misma embajada de los Estados Unidos aclaraba después que los representantes de su país externaron a los funcionarios mexicanos su preocupación por los riesgos que podría tener esta modificación en las reglas de la industria energética debido al impacto ambiental y el riesgo en las inversiones.
Mientras que las acciones y decisiones del gobierno de México, respecto a la preferencia del Estado sobre la iniciativa privada en los temas como petróleo y electricidad, siguen causando un serie de advertencias y polémicas a nivel internacional. En la ocasión más reciente, el renombrado periódico estadounidense Wall Street Journal expuso, con el ejemplo de tres compañías de Estados Unidos, cómo la actual administración está prácticamente echando a las empresas extranjeras del país.
El texto titulado “México apunta a empresas privadas, amenazando décadas de crecimiento económico” señala cómo, tras años de avanzar hacia las energías limpias y una especie de sinergia entre el gobierno y la iniciativa privada que se veía traducida en costos más bajos de los servicios energéticos para los mexicanos, actualmente el país tiene una regresión a prácticas nacionalistas. “Perseguir a las empresas privadas puede parecer algo del libro de jugadas de la Venezuela socialista en lugar de México”
En febrero pasado, Monterra Energy, subsidiaria de la multinacional KKR, buscaba emprender acciones legales contra México y solicitar una indemnización de unos 667 millones de dólares por el que acusaba como cierre “ilegal”, durante cinco meses, de su terminal de importación de combustible en el oriente del país. La empresa con sede en Houston, Texas, presentó entonces una “notificación de intención de presentar una demanda de arbitraje”, alegando que el cierre de su puerto en Tuxpan fue ilegal y discriminatorio y que el gobierno mexicano violó las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue sustituido por el TMEC.
“En muchos sentidos, la planta de electricidad fuera de servicio en las afueras de Monterrey es una metáfora de la economía estancada de México y un atisbo del futuro económico potencial del país”, advierte el WSJ. “Las medidas le costarán a México miles de millones de dólares en inversiones perdidas; elevar los precios domésticos de la energía; limitar el crecimiento de la producción de petróleo y electricidad; y dañar la competitividad de las empresas mexicanas y de cientos de multinacionales que aquí operan, según el gobierno de Estados Unidos, empresas privadas y economistas. También corre el riesgo de provocar una mayor migración de mexicanos en busca de trabajo a los EEUU”, advirtió el texto.
