Con 75 votos a favor de Morena y aliados, y 37 en contra, el Senado de la República aprobó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, la cual busca digitalizar procesos administrativos y centralizar los datos personales y biométricos de los ciudadanos mediante la plataforma Llave MX.
¿En qué consiste la nueva ley?
La iniciativa contempla transformar la CURP en un documento único de identidad oficial, que incluya datos personales, fotografía y biometría (como huellas dactilares y escaneo de iris), y que será obligatoria para realizar trámites públicos.
Esta nueva Plataforma Única de Identidad quedará bajo el control de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
“Se concentra la regulación y ejecución de trámites en una sola dependencia, lo que representa una acción centralista”, advirtió la senadora Alma Carolina Viggiano Austria.
Riesgos señalados por expertos
Aunque la propuesta busca modernizar la identidad digital, especialistas han expresado preocupaciones sobre la seguridad de los datos:
- Falta de un marco legal robusto para proteger la información.
- Posibilidad de filtraciones o mal uso de datos biométricos.
- Pérdida de autonomía ciudadana al centralizar la identidad digital.
“Tener una identidad moderna es positivo, pero vivimos en un país con débiles medidas de protección digital”, señaló Gonzalo Rojon, de The CIU.
El regreso del PANAUT y nuevos desafíos
A esta ley se suma una propuesta para revivir el PANAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), que obligaría a los operadores a recolectar y almacenar datos personales de sus usuarios, incluidos datos biométricos.
Esto implica que las empresas de telefonía deberán:
- Invertir en tecnología y ciberseguridad.
- Cambiar sus procesos de activación.
- Asumir costos que podrían trasladarse a los usuarios.
“El gobierno tendría más datos sensibles sin garantizar su protección”, agregó Rojon.
Poca inversión en ciberseguridad, alto riesgo
Entre 2019 y 2023, el presupuesto público en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) creció solo 3%, mientras que el número de e-Ciudadanos aumentó 54.8%. Esto representa un desfase entre digitalización y seguridad.
“Las secuelas de comprometer datos biométricos pueden ser irreparables”, alertó Víctor Ruiz, CEO de Silikn, empresa especializada en ciberseguridad.
Conclusión
Si bien la ley busca agilizar trámites y modernizar la relación entre ciudadanía y gobierno, la falta de garantías en materia de privacidad, transparencia y ciberseguridad plantea graves riesgos que deberán ser atendidos con urgencia para evitar vulneraciones masivas a los derechos digitales de la población.
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