Ciudad de México. La Asociación de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con objeto de analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales que anunció el 27 de junio en Baja California.
Mediante un oficio dirigido al Titular del Ejecutivo, la AMDA indicó que “la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011.
”Es importante anotar que la importación de vehículos usados es factible realizarse de conformidad al decreto por el que se modifica y prorroga el diverso por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado por sus instrucciones en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2020. Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos, es un delito que beneficia a organizaciones criminales”, indicó la asociación.
En lo que respecta a la utilización de vehículos en los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso.
“Es fundamental recordar que la importación es permitida cuando se cubren los requisitos previstos por la Ley, sin embargo, se convierte en un grave problema para el mercado interno y para los propietarios de un vehículo en regla cuando los vehículos usados introducidos a territorio nacional presentan pésimas condiciones mecánicas. Los autos catalogados por las aseguradoras estadounidenses como salvaje, pérdida total o chatarra, no pueden seguir siendo introducidos al mercado mexicano por elemental seguridad además de representar un grave riesgo tanto a los propietarios como a terceros. Si bien la movilidad eficiente y segura es un derecho de cualquier ciudadano, es un falso dilema considerar que sólo mediante la posesión de un vehículo particular se puede garantizar dicho derecho, aún a costa de la violación sistemática y concertada de la ley”, subrayó la AMDA.
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