El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el allanamiento al domicilio de su directora, Dora Roblero, ocurrido la noche del 22 de julio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en un contexto de creciente hostigamiento hacia personas defensoras de derechos humanos.
"La situación de riesgo para quienes defendemos los derechos humanos en la entidad se recrudece", advirtió el Centro, tras confirmar que este es el segundo allanamiento contra un integrante de su equipo en menos de 10 meses.
Los hechos: señales de intrusión y respuesta negligente
Según el Frayba, el incidente ocurrió alrededor de las 19:50 horas, cuando una vecina notó que la puerta principal de la vivienda estaba abierta. Al acercarse, junto con la activista, escucharon ruidos en la planta alta, por lo que se retiraron de inmediato.
Poco después, integrantes del Centro acudieron al lugar y constataron claros signos de irrupción:
- Chapa forzada
- Puerta trasera sin pasador
- Ventana del segundo piso abierta
- Lámparas exteriores apagadas
Aunque se activó el botón de emergencia del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, la respuesta fue lenta y deficiente. Una patrulla municipal llegó hasta las 22:02 horas, pero no realizó ninguna diligencia, solo levantó una entrevista.
Frayba presenta denuncia formal
Ante la falta de acción inmediata, el Frayba presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito Altos por el delito de allanamiento, así como por cualquier otro que pueda derivarse del hecho.
La organización documentó el caso como parte de una serie de agresiones que reflejan el deterioro en las garantías de derechos humanos en México, particularmente para quienes luchan desde los territorios.
Reacciones internacionales: preocupación por seguridad
La Unión Europea y la Embajada de Francia expresaron su preocupación por el atentado contra Dora Roblero, a quien reconocen como una destacada defensora de derechos humanos desde que asumió la dirección del Frayba en mayo de 2022.
En un comunicado conjunto, lamentaron el suceso y demandaron garantías de seguridad y protección para quienes defienden los derechos humanos en el país.
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