Los accidentes viales en México no solo dejan personas heridas, fallecidas y familias afectadas. También representan una fuerte carga para la economía del país: un nuevo estudio estima que los gastos de atención médica y la pérdida de productividad alcanzaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos durante 2024.
La cifra equivale, en el escenario más alto, a cerca de 0.3 por ciento del PIB mexicano y hasta 4.4 por ciento del gasto total en salud. El problema, además, podría ser todavía mayor porque la estimación no incluye todos los daños que provocan los siniestros.
El alto costo de los siniestros viales en México
El informe El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad fue presentado este martes por organizaciones de la sociedad civil y especialistas, quienes plantearon que una parte importante de estas pérdidas puede prevenirse.
De acuerdo con la estimación, los costos de atención médica y las pérdidas de productividad se ubicaron entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en 2024. El cálculo busca mostrar que las consecuencias de un hecho vial van mucho más allá de la reparación de un vehículo o de la atención inmediata después de un choque.
Belén Sáenz de Miera Juárez, profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, explicó que la cifra corresponde únicamente a dos componentes del impacto económico. No contempla los daños materiales ni todos los costos asociados con la atención médica de largo plazo de las personas lesionadas.
El problema golpea especialmente a personas en edad productiva
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la relación entre los siniestros viales y las muertes de personas jóvenes.
El estudio señala que las muertes por hechos de tránsito permanecen entre las principales causas de fallecimiento de personas de 5 a 44 años. Esto aumenta el impacto económico porque muchas de las víctimas se encuentran en edades en las que estudian, trabajan o sostienen económicamente a sus familias.
Por ello, la pérdida no termina con los gastos hospitalarios. También puede representar años de productividad que dejan de generarse, además de consecuencias económicas para familiares y comunidades.
La especialista sostuvo que mejorar la seguridad vial permitiría reducir muertes y lesiones, pero también liberar recursos que actualmente se destinan a atender las consecuencias de estos hechos.
Velocidad y alcohol, dos factores que elevan el riesgo
El informe identifica el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol entre los principales factores que contribuyen a la gravedad de los siniestros.
A estos riesgos se suma la falta de dispositivos adecuados de seguridad, como cinturones, cascos certificados y sistemas de retención infantil. Cuando alguno de estos elementos falla o no se utiliza correctamente, las probabilidades de sufrir lesiones graves aumentan.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, planteó que estos hechos no deberían entenderse únicamente como situaciones imprevisibles. Desde su perspectiva, muchos pueden anticiparse mediante mejores condiciones de infraestructura, regulación y control de los factores de riesgo.
El planteamiento también cambia la manera de abordar el problema: la prevención puede tener un efecto directo tanto en la protección de las personas como en el gasto público y privado relacionado con las lesiones.
Peatones, ciclistas y motociclistas, entre los más vulnerables
El impacto tampoco se distribuye de manera uniforme entre quienes utilizan las calles. El estudio advierte que peatones, ciclistas y motociclistas concentran una elevada proporción de las víctimas.
En los entornos urbanos, ocho de cada diez fallecimientos corresponden a estos usuarios vulnerables, según los datos presentados durante la discusión del informe.
La situación pone el foco en la necesidad de diseñar calles y carreteras considerando no solo a los automóviles, sino también a quienes caminan, utilizan bicicleta o se desplazan en motocicleta.
Entre las propuestas planteadas está la actualización de los estándares de seguridad vehicular para incorporar tecnologías capaces de reducir la gravedad de los hechos, como el frenado autónomo de emergencia y sistemas de protección para peatones.
La seguridad vial vuelve al centro del debate
Las organizaciones participantes también pidieron acelerar la aplicación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada en 2022, además de fortalecer medidas como los límites de velocidad, los controles de alcohol al volante, las normas de seguridad de los vehículos y la infraestructura destinada a usuarios vulnerables.
El llamado apunta a que la prevención no dependa únicamente de la responsabilidad individual. La infraestructura, las reglas de circulación, los vehículos y la vigilancia forman parte de un mismo sistema.
En ese contexto, Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Ciudad de México, sostuvo que la seguridad vial debe asumirse como una política de Estado.
Más allá de los 55 mil o 92 mil millones de pesos estimados, el estudio deja una lectura más amplia: cada siniestro tiene un costo humano que difícilmente puede medirse solo en dinero. Y una parte de ese impacto, según los especialistas, puede evitarse con medidas de prevención, regulación y mejores condiciones para quienes utilizan las vías del país.
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