El COVID-19 se extiende en México, donde el Gobierno federal recomienda lavarse las manos y desinfectar objetos de uso común, pero el 10 por ciento de sus habitantes no tiene acceso al agua potable y el 42 por ciento no la recibe de manera constante, de acuerdo con la propia Conagua.
A este escenario escenario se suma la época de sequía que suele provocar cortes en el suministro del servicio en diferentes regiones del país.
Desde la colonia Valle del Paraíso, en el municipio de Puebla, con calles tierrosas semirurales, Karina cuenta que debe 13 mil pesos a la empresa Concesiones Integrales, aunque dos calles no tienen el servicio de drenaje desde 2016 y el de agua solo se le suministra las noches de los miércoles y domingos. Contratan letrinas cada mes, y se arrojan las heces al cercano río Atoyac y a una calle transitada, donde los niños creen que es lodo.
“Tengo que estar apartando con cubetas y tambitos, como no tengo cisterna. Solamente así. Nos preocupa lo del coronavirus porque tenemos niños pequeños; tres, de 2, 4 y 8 años”, dijo.
Hay vecinos con ronchas en la piel, pero deben pagar las consultas de sus bolsillos. El centro de Puebla está a 40 minutos en auto.
“Sabemos que no debemos salir, lavarnos frecuentemente las manos y desinfectar todo, pero se nos dificulta. Le pedimos al Gobierno estatal [Miguel Ángel Barbosa] que nos ponga el drenaje porque tenemos fosas sépticas y ahorita con lo del coronavirus estamos oliendo ahí todo lo sucio, es una infección lo que hay en la calle, y también que nos caiga agua más seguido”.
Hasta el cierre de esta edición, van cientos de casos de COVID-19 en México y más de 250 mil a nivel mundial, de los cuales han muerto más de 10 mil, pero se han recuperado más de 85 mil, de acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El escenario mínimo de la pandemia en el país es de 12 semanas.
Un señor de la colonia Villa San Alejandro en el municipio poblano, enfermo de cáncer y sin acceso al agua, falleció con su cuello con llagas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que cada persona debe tener un acceso mínimo de 100 litros diarios para consumo e higiene, y en el caso de enfermos de cáncer, diabetes o VIH deben de tener mínimo 130 litros de acceso por día.
En mayo de 2014, durante el Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, en Puebla se privatizaron los servicios de agua y de drenaje a la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V. “Agua de Puebla”, la cual reconoció 46 mil cortes en el municipio de Puebla por adeudos de 2016 a julio de 2019. Aunque la Asamblea Social del Agua (ASA), un colectivo local de abogados, calcula que son 100 mil al año en promedio, ya que los incrementos de tarifas fueron de 400 por ciento en los últimos seis años.
La firma perteneciente a Grupo Epccor –que construyó el polémico Paso Exprés en Morelos– justifica los cortes por falta de pago, ya que las tarifas llegan de 16 mil, 19 mil, 26 mil pesos y hasta 81 mil pesos, de acuerdo con los recibos consultados por este medio, en un municipio donde el salario mensual promedio es de 6 mil pesos. De acuerdo con la Asamblea Social de Agua, algunos usuarios llevan años comprando pipas ya que “o pagan o comen”, por lo que han interpuesto amparos contra “los cobros excesivos” y desproporcionales al uso doméstico.
“Están en mucho riesgo los menores de edad, las mujeres embarazadas y los adultos mayores. La pandemia es algo muy delicado, y a esto le agregamos que están sin acceso al agua ni a drenaje pues es algo más grave todavía. De ahí pueden derivarse otras enfermedades digestivas que también pueden convertirse en muertes. Le hacemos el llamado al Gobierno estatal el suspender los cortes de servicio en esta época. La propuesta puede ser a nivel federal: prohibir en el artículo 4 constitucional los cortes de drenaje y agua, sobre todo en estos casos, y que sea un delito penal grave sin derecho a fianza”, afirmó Omar Jiménez Castro, abogado de Asamblea Social del Agua.
“Hay casos de cortes de servicios a personas con diabetes y cáncer, a personas con discapacidades y de la tercera edad. De entrada, los cortes son inconstitucionales (art. 4, 14 y 16), pero no hay un criterio de la empresa para cortarlos en casas con habitantes vulnerables”, aseguró Jiménez. “Empleados de la concesionaria llegan al domicilio y, sin ninguna orden judicial y permiso de la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, rompen la carpeta asfáltica o la banqueta. Incluso hemos documentado casos que la policía municipal los acompaña por si los usuarios se oponían. Quedan en estado de indefensión”.
