Un operativo interinstitucional realizado en Esperanza, Puebla, dejó nueve personas detenidas y 35 armas de fuego aseguradas, entre ellas dos fusiles tipo Barrett, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla.
La intervención incluyó 23 órdenes de cateo simultáneas y derivó de investigaciones relacionadas con una estructura presuntamente vinculada con robo a transporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en el corredor carretero Puebla-Veracruz.
Operativo en Esperanza: nueve personas fueron detenidas
La Fiscalía General del Estado de Puebla participó en el despliegue junto con autoridades federales y estatales. Entre las instituciones involucradas estuvieron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Defensa, Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.
Durante las diligencias fueron detenidas nueve personas. Entre ellas se encuentra Isaac N., presidente municipal de Esperanza, así como Abigail N., quien se desempeñó como directora de Seguridad Pública Municipal.
También fueron detenidos Cristhian Fernando N., servidor público del área de Desarrollo Urbano; Verónica N., empleada de Caminos y Puentes Federales, además de Efraín N. y Eduardo N., ambos empleados municipales.
La autoridad informó que las otras tres personas aseguradas también estarían presuntamente relacionadas con los hechos que son investigados.
23 cateos se realizaron de manera simultánea
El operativo se desplegó en distintos inmuebles del municipio de Esperanza, como parte de una investigación sobre una estructura presuntamente relacionada con actividades delictivas en el corredor carretero que conecta Puebla con Veracruz.
La intervención buscó afectar la capacidad operativa y logística del grupo bajo investigación, particularmente en una zona donde las vías federales de comunicación tienen relevancia para el transporte de mercancías.
El arsenal asegurado llamó la atención
En los inmuebles intervenidos fueron localizadas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles tipo Barrett.
Además, las autoridades aseguraron 52 cargadores y cartuchos útiles de distintos calibres, así como 11 vehículos.
De estos automotores, cuatro contaban con blindaje y uno tenía blindaje artesanal y torreta. También fueron decomisados un inhibidor de señal satelital, un dron y diverso equipo táctico.
El aseguramiento de este material forma parte de las acciones con las que las autoridades buscan reducir la capacidad de fuego y movilidad de la estructura investigada.
¿Qué delitos se investigan en Esperanza?
La intervención deriva de investigaciones relacionadas con robo a autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.
De acuerdo con la información de la Fiscalía poblana, las pesquisas apuntan a una estructura presuntamente vinculada con estos delitos en el corredor Puebla-Veracruz.
La participación de distintas corporaciones permitió ejecutar las órdenes de cateo de manera coordinada y realizar las detenciones y aseguramientos reportados.
La investigación alcanza a servidores públicos
Uno de los elementos que mayor relevancia genera en el caso es que entre los detenidos aparecen funcionarios y empleados relacionados con el gobierno municipal.
La lista incluye al presidente municipal de Esperanza, a una exdirectora de Seguridad Pública, a un servidor público de Desarrollo Urbano y a otros trabajadores municipales.
Las detenciones forman parte de una investigación en curso, por lo que corresponderá a las autoridades ministeriales determinar la situación jurídica de cada persona conforme avance el proceso.
El despliegue se concentró en una zona estratégica
Esperanza se encuentra en el corredor carretero Puebla-Veracruz, una ruta de importancia para el movimiento de mercancías y transporte de carga.
Por ello, la Fiscalía señaló que la acción busca debilitar la operación logística y de fuego de un grupo presuntamente relacionado con delitos de alto impacto, particularmente en vías federales de comunicación.
El operativo representa una intervención conjunta entre corporaciones de los gobiernos federal y estatal, mientras las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades atribuidas a la estructura bajo investigación.
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