Un grupo armado con machetes, palos y piedras irrumpió violentamente en un templo cristiano en San Francisco Altepexi, desalojando al pastor, su familia y feligreses, y provocando daños severos a la propiedad. El hecho ocurrió la tarde del jueves en medio de un conflicto por la posesión del terreno, donde se había construido la iglesia hace más de una década.
Iglesia fue construida en terreno presuntamente donado
La propiedad en disputa fue donada hace más de 10 años por una mujer identificada como Ana. Con aportaciones de los fieles, se construyó el templo “La Puerta” y se permitió que el pastor y su familia habitaran la planta alta. Sin embargo, tras un supuesto retracto y acuerdo económico, se generó la controversia que culminó en el violento desalojo.
?? En el municipio de San Francisco #Altepexi, se registró un enfrentamiento durante un desalojo de una propiedad que fue donada hace años y en la que ya habían construido una iglesia.@SSPGobPue #Puebla #PoderNoticiaPue pic.twitter.com/nXaISWm1UF
— Poder Noticia (@PoderNoticiaPue) July 4, 2025
El ataque: incendios, derribo de bardas y agresiones
Testigos relataron que vecinos ajenos a la congregación se reunieron en la calle Reforma para reclamar la propiedad. Al no obtener respuesta, derribaron bardas, rompieron el zaguán y prendieron fuego a los muebles para generar humo e incitar la salida de los ocupantes. El pastor, su esposa e hijos fueron finalmente sacados por la fuerza, y sus pertenencias retiradas mediante una escalera y una camioneta.
Una mujer herida y falta de intervención policial
Durante la agresión, la presunta propietaria resultó lesionada en la cabeza y fue trasladada en ambulancia a un hospital. A pesar de la presencia de elementos de la Policía Municipal de Altepexi, no hubo intervención alguna por parte de las autoridades, quienes únicamente presenciaron los hechos sin actuar.
Exigen garantías y respuesta de autoridades
Hasta la noche del jueves, se desconocía el estado del pastor y su familia, mientras integrantes de la iglesia solicitaron protección, justicia y garantías para ejercer su fe. El caso pone en evidencia la falta de intervención ante conflictos religiosos y civiles, y ha generado fuerte indignación entre los pobladores.
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