La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de aprehensión contra José Herminio N., de 46 años, quien es investigado por su probable responsabilidad en el delito de estupro en el municipio de Santiago Miahuatlán.
El caso se remonta a una investigación iniciada en 2024 por la ausencia de una adolescente y posteriormente tuvo varias etapas judiciales, hasta que el imputado fue declarado sustraído de la acción de la justicia.
Orden de aprehensión por estupro en Santiago Miahuatlán
La investigación comenzó en agosto de 2024, después de que se reportara la ausencia de una adolescente en Santiago Miahuatlán.
Tras ser localizada, la joven fue entrevistada como parte de las diligencias. La Fiscalía señaló que, a partir de esa entrevista y de otros actos de investigación, se obtuvieron datos relacionados con la probable comisión del delito.
El caso ya había llegado ante un juez
Como resultado de las investigaciones, el 2 de junio de 2025 la autoridad judicial vinculó a proceso a José Herminio N. por el delito de estupro.
En aquella etapa se le impuso como medida cautelar la firma periódica, por lo que debía cumplir con las obligaciones establecidas dentro del procedimiento penal.
Sin embargo, posteriormente se produjo un cambio en su situación jurídica.
No acudió a una audiencia y fue declarado sustraído
La Fiscalía informó que José Herminio N. no se presentó a la audiencia intermedia. Ante esa incomparecencia, el 3 de febrero de 2026 el Juez de Control lo declaró sustraído de la acción de la justicia y ordenó su aprehensión.
El mandamiento judicial permaneció vigente hasta que agentes de la Fiscalía lograron cumplimentarlo.
El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial
Después de la detención, José Herminio N. fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere, con el propósito de continuar el procedimiento penal correspondiente.
La orden de aprehensión y la puesta a disposición forman parte de un proceso que todavía debe seguir las etapas legales correspondientes. La probable responsabilidad señalada por la Fiscalía no equivale a una sentencia, por lo que corresponderá a la autoridad judicial determinar lo que proceda conforme al debido proceso.
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