San Andrés Cholula, Pue. – Este viernes 22 de agosto, en la Casa de Justicia de Tlaxcalancingo, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso contra Pascual Bermúdez y Rogelio Flores, activistas cholultecas involucrados en la defensa del agua. Al lugar acudieron integrantes de los pueblos originarios de la región y organizaciones solidarias, en muestra de respaldo a los señalados.
Durante la sesión judicial, el juez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía carecían de sustento legal, ya que los testigos citados no estuvieron presentes en los hechos que se les atribuyen a los acusados. Esta situación, similar a la del caso de Renato Romero Camacho, quien fue exonerado previamente por motivos similares, motivó que el juez desestimara nuevamente las imputaciones, al considerar inválidos los testimonios.
Al término de la audiencia, el abogado Tonatiuh Sarabia Amador, representante legal de los activistas, denunció que la acusación formaba parte de una estrategia para inhibir la protesta social contra la concesión del pozo 4, otorgado a una empresa privada mediante acuerdos con el ayuntamiento. Enfatizó que este tipo de denuncias son parte de un patrón de criminalización hacia quienes defienden recursos naturales en sus comunidades.
A pesar del fallo favorable, la defensa informó que permanece activa una acusación adicional relacionada con el cierre de la autopista México-Puebla. Para este caso, se ha programado una nueva audiencia el próximo 1 de septiembre, en la que deberán comparecer Pascual Bermúdez y Renato Romero ante un juzgado penal federal.
Durante la jornada, representantes de los pueblos indígenas reiteraron su rechazo a la persecución de activistas y exigieron el respeto al derecho a la defensa del agua y el territorio. “Defender la vida no es delito”, “El agua de Xoxtla se queda en Xoxtla”, fueron algunas de las consignas que resonaron en el lugar, en clara exigencia al cese de la criminalización de las luchas sociales.
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