Puebla.- Zully Josefina Herrera Olvera, directora de Grupo Transporte y Servicios Turísticos Chignahuapan, responsabilizó al presidente municipal, Javier Saavedra Tirado y funcionarios del ayuntamiento de aquella demarcación por usurpación de funciones y amenazas de muerte que recibió recientemente por vía telefónica.
En rueda de prensa, Herrera Olvera, denunció al presidente municipal emanado del Partido Acción Nacional (PAN), por emprender una serie de acciones en contra de su negocio turístico, que a decir de la agraviada, el edil pretende desplazar tal servicio a pesar de que cuenta con los permisos para su funcionamiento.
Además, indicó que Ángel Vega López, secretario particular del edil y Jorge Gámez, director de turismo de Chignahuapan, realizan uso indebido de funciones, pues indicó que le quitaron las placas de sus camiones y licencias.
“Me amenazaron de muerte si no seguía haciendo lo que ellos me decían que teníamos que hacer. No nos permiten circular en nuestros camiones, tengo todos los documentos donde mis camiones están en perfectas condiciones, tenemos seguro de vida amplio”, expuso.
Dijo desconocer los motivos por el cual el presidente municipal de Chignahuapan emprendió desde hace tres meses el abuso de poder, amenazas de muerte y hostigamiento laboral en su contra, quien desde hace seis años presta el servicio turístico en el municipio de la Sierra Norte del estado.
No obstante, mencionó que tal abuso de poder corresponde a que el edil pretende beneficiar al director del canal 21 de Chignahuapan, Federico Islas, en otorgarle la base ya que “hacen un vínculo con el municipio para que puedan hablar y decir lo que les conviene”.
“No sé qué pretenden, pretenden quitarme de mi base, el cual ellos me dieron el permiso ya demostré todos los papeles, quieren poner al camión de Federico Islas que es el dueño del canal 21, el cual se ha encargado de decir cosas que no le fundamentan”, acusó.
Por su parte, Jorge González, abogado de la víctima, indicó que promovieron cuatro amparos ante el juzgado cuarto de distrito por los abusos de poder por parte del edil; sin embargo, ante la Fiscalía General del Estado (FGE) no hay denuncias penales interpuestas por las amenazas de muerte.
